¿Una nueva coca?

En días pasados la Universidad Eafit publicó un libro sobre la explotación del oro y la madera en Antioquia. Los autores, Jorge Giraldo y Juan Carlos Muñoz, realizan una exhaustiva investigación que debe convertirse en lectura obligada para aquellos interesados en el tema de economías criminales. Hay además dos hallazgos sobre la economía política del oro que deben llamar la atención no sólo de los especialistas sino de la sociedad colombiana.El primer hallazgo es la magnitud del negocio. Con el boom de los precios el país produce anualmente 3.000 millones de dólares de acuerdo a una estimación moderada. Una parte de esta renta se queda en las manos del Estado y de compañías formalmente constituidas que explotan las minas respetando la normatividad ambiental y tributaria, o al menos presumen de hacerlo. La otra parte se queda en las manos de mineros artesanales, informales e ilegales y de los grupos armados irregulares que imponen su ley en los márgenes del Estado. Es una renta tan importante que al día de hoy no pueden comprenderse las guerras del sur de Bolívar y del Chocó si no se considera el control de la explotación del oro.Si la renta es enorme el volumen de población involucrado lo es más. De acuerdo a la investigación de Giraldo y Muñoz las cifras más conservadoras advierten que 150.000 colombianos viven de la minería del oro. Ni más ni menos que una cifra similar a la de los campesinos cocaleros en tiempos de la bonanza coquera. Con el agravante que la mayoría de esta población es regulada por Bacrim y guerrillas porque las empresas formales son intensivas en capital pero no en trabajo. En otras palabras, por razones de la tecnología de explotación el Estado queda del lado de grandes compañías que son contrarias a los intereses básicos de un amplio sector de la población, pues no crean empleo ni invierten las ganancias en la economía local.El segundo hallazgo ha sido la política tan excluyente del Gobierno contra los mineros artesanales, informales e ilegales. Giraldo y Muñoz citan al ministro de Minas, Mauricio Cárdenas: “A la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico. Es un fenómeno muy similar. ¿Qué pasa cuando la Policía agarra un laboratorio? Lo destruye. La maquinaria incautada la pueden tener separada de esas actividades unos días o semanas, pero no pueden dejar a unos policías cuidándola”. Los efectos de estas declaraciones al diario El Tiempo no pueden ser más contundentes. Si no fuera suficiente con la coca para poner el país patas arriba ahora el Gobierno, ojalá no el Estado, quiere entregarle una base social a los grupos armados al margen de la ley equivalente en número a la población cocalera. Es casi como multiplicar por dos la población por fuera del control del Estado.Sería un despropósito que el presidente Santos, quien pretende poner el tema de la legalización de las drogas en la agenda como fórmula para extinguir la base económica del conflicto colombiano, se inventara una nueva coca. Más bien debería diseñar y ejecutar una política pública dirigida a formalizar la explotación del oro por pequeños mineros. En el análisis económico de la política no deben considerarse solamente los costos directos de la formalización. Los costos por el recrudecimiento del conflicto al no incluir esta población bajo la regulación del Estado también deben estar presentes.