Ser y parecer

Para que la corrupción se reduzca más allá de sus justas proporciones es necesario que los altos funcionarios del Estado y la clase política no solo sean honestos sino que también lo parezcan. Una sospecha razonable debería ser suficiente para que renuncien a sus aspiraciones burocráticas y electorales. Se garantiza así que quienes gobiernan se cuiden de cometer cualquier acto irregular porque antes del proceso judicial existe una instancia de opinión que califica sus actuaciones.En muchos casos funcionarios y políticos pueden incluso librarse de la cárcel o de alguna otra sanción legal, en particular en aquellos casos donde sus actuaciones no constituyen necesariamente un delito, pero no por eso se ha cometido una injusticia con ellos. El juicio de la prensa, de la opinión y de la sociedad es de una naturaleza distinta al juicio de los tribunales. No es sobre la demostración de una actuación irregular en concreto sino sobre la conducta moral de los gobernantes, así como la confianza que se pueda depositar en ellos.Ernesto Samper, por ejemplo, fue exonerado por un juez pero nadie, salvo algunos ingenuos y algunos familiares de primer grado de consanguineidad, cree que no supiera sobre los dineros del Cartel de Cali en su campaña. No hay un castigo judicial pero sí una sanción de la opinión y de la sociedad que pone en duda su credibilidad.El problema en Colombia es que cuando la prensa y la opinión cuestionan la conducta moral de un funcionario o de un político, la sociedad civil no cuenta con los dientes para reclamar su renuncia y su asilamiento del manejo de los asuntos públicos. Los escándalos se repiten en los medios de comunicación y solo tienen efectos reales en los casos más extremos.Gran parte de la culpa la tienen la dirigencia colombiana que se ha acostumbrado a respaldar a sus aliados políticos cuando son cuestionados públicamente. La lógica de este respaldo es perversa: como mis enemigos también son corruptos y la Justicia no los toca, yo apoyo a mis amigos así sean corruptos para no hacer concesiones de poder a mis enemigos.Por esa razón uno encuentra exabruptos como el del procurador Ordoñez defendiendo la presunción de inocencia del magistrado Pretelt. El mismo Procurador que es implacable para decretar la muerte política a cualquier oponente que dé la menor oportunidad pide calma y mesura cuando se trata de un amigo. Y no se trata de cualquier amigo, a Pretelt le faltan acusaciones de muy pocos delitos, quizá solo maltrato intrafamiliar, para completar el código penal.Lo mismo ocurre con el exfiscal Gómez Méndez, quien sostiene que a Clara López no le cabe ninguna responsabilidad política por haber sido la secretaria de Gobierno de Samuel Moreno. Por consiguiente, no hay ningún problema en que sea candidata a la Alcaldía. ¿Qué puede uno esperar de la segunda funcionaria del gobierno más corrupto en la historia de Bogotá? Alguien tan bien enterado como Gómez Méndez, ¿es inconsciente del riesgo que corre la ciudad si ella gana o simplemente no le importa porque en política es su amiga?Aun así, otra gran parte de la culpa la tiene la misma sociedad que no castiga el respaldo de la dirigencia a funcionarios y políticos cuestionados. Si en vez de limpiar el respaldo sirviera para contaminar a quienes se atrevieran a poner las manos en el fuego por los sospechosos de corrupción, la situación sería muy distinta.