Paz con criminales

En Colombia han hecho carrera los estudios académicos de paz. Ahora con el acuerdo con las Farc incluso se han abierto estudios de postgrado sobre el tema. Sin duda serán necesarios para formar a los funcionarios del postconflicto.

Al mismo tiempo sorprende que casi no existan estudios sobre las negociaciones de paz con organizaciones criminales, sobre todo si se considera que en Colombia de manera formal e informal se han alcanzado recurrentemente acuerdos con ellos. Ya en 1984 el gobierno de Betancur quiso llegar a un acuerdo con Escobar en Panamá. Los testimonios del procurador Jiménez y de López Michelsen, los negociadores comisionados clandestinamente por Betancur, demuestran que desde entonces se hablaba con los narcos.

Luego vinieron conversaciones abiertas. El presidente Gaviria negoció con Escobar su entrega en la Catedral. Al final el experimento salió muy mal. Escobar se fugó y Gaviria quedó en ridículo ante el mundo entero. Más de una década después las cosas no saldrían tan mal para el gobierno. Uribe logró desmovilizar a los paramilitares. Con todo y los problemas de narcotraficantes colados, las disidencias y la extradición de 14 de los principales jefes, la violencia y el control ejercido por los paramilitares se redujeron significativamente.

Mientras tanto, ocurrían negociones clandestinas. El Proceso 8000 se suele analizar como una gran operación de soborno. Pero se pasa por alto que también fue una negociación. El pago que hicieron los narcotraficantes a Samper tenía como propósito un proceso de sometimiento de los narcos a la justicia. Las cosas salieron bastante mal para todos. Samper a punto de caerse, los Rodríguez Orejuela capturados y los narcos del Norte del Valle que se sometieron aprovecharon su estadía en prisión para fortalecer su poder en el narcotráfico.

A nivel subnacional ocurrieron pactos aún más perversos. La parapolítica fue una operación masiva de corrupción en que criminales y políticos se pusieron de acuerdo para copar los gobiernos locales. Se repartieron el presupuesto público y, de paso, los narcotraficantes recibieron protección desde el estado.

Varias conclusiones se sacan de una simple mirada de las negociaciones con criminales. La más obvia es que cuando son clandestinas se prestan para que un grupo político obtenga ventajas electorales y para que las organizaciones criminales sientan que obtienen ventajas en el mundo de lo ilícito. No son buena idea. También es obvio que siempre se trata de negociaciones parciales dado que quienes se someten a la justicia pierden capacidad de control sobre el resto de criminales, quienes aprovechan la situación para copar las posiciones de poder de los anteriores jefes. Hay que considerar de antemano qué es lo factible que se puede lograr con una negociación. Por último, hay que decir que eventualmente los resultados pueden ser muy positivos en términos de reducción de la violencia como ocurrió con las AUC.

Pero son solo hallazgos preliminares. Se necesitan estudios más rigurosos que den cuenta de las posibilidades reales que ofrecen este tipo de negociaciones, así como de sus riesgos. Sobre todo en una situación como la colombiana en que los criminales ejercen como estados factos en muchas comunidades y en una coyuntura de postconflicto en que estos pueden ser la principal amenaza para los desmovilizados de las Farc que hagan política legal.

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