Máxima prioridad

Si algo es real son los muertos, los cadáveres están ahí para demostrarse a sí mismos. Los asesinatos de los últimos días de líderes de izquierda deben ser la máxima prioridad para el gobierno. ¿Por qué los mataron? ¿Quién los mató? ¿Qué tipo de vínculos tienen los victimarios, si es que los tienen, con elites legales, la clase política y las fuerzas de seguridad? Son preguntas que no pueden quedar sin resolver hasta sus últimas consecuencias para que la paz en Colombia se encauce por una senda de legitimidad y credibilidad.No puede caerse en la tentación de hacer uso de las respuestas más obvias, como lo han sugerido diversos analistas en columnas y espacios de opinión. Querer hacer un paralelo entre el exterminio de la UP o el paramilitarismo de Estado y lo que sucede ahora es desconocer unas circunstancias absolutamente distintas. La comparación puede servir para una campaña política contra el Estado y las oligarquías en abstracto, para pretender que en Colombia el problema es un antagonismo de clases insuperable por medios pacíficos.No podría haber análisis más simplista y distante de la realidad. Y, a la vez, más infame porque exculpa a los verdaderos culpables y no resuelve nada a futuro para evitar que asesinen a más líderes y activistas de izquierda. Nada conviene más a los asesinos que su responsabilidad sea diluida en nombre de un sector en general y que no se sepa su identidad y sus intereses en nombre propio. Si así sucede lo más fácil para ellos será seguir matando.Al día de hoy estas muertes no guardan un paralelo con lo sucedido con la UP por dos grandes razones relacionadas con la desmovilización efectiva de la guerrilla. En primer lugar, no están el secuestro, la extorsión, las amenazas a políticos tradicionales y toda la serie de crímenes que cometían las guerrillas y que predisponían a muchos sectores de elites, en particular elites regionales, a utilizar la violencia contra un partido que era abiertamente una extensión de las Farc. En palabras simples, la Marcha Patriótica y el resto de movimientos que se asocian con las Farc no pueden ser acusados de ser colaboradores de quienes victimizan a las elites y la población local, sobre todo desde el momento que la guerrilla entró en tregua y abandonó la práctica del secuestro.En segundo lugar, la desmovilización de la guerrilla implica que no es necesario armar grandes ejércitos paramilitares como mecanismo contrainsurgente. Para matar a líderes de izquierda, reclamantes de tierra y activistas sociales no hace falta una organización como la que organizaron el Mexicano y Henry Pérez en Puerto Boyacá o, más sofisticada aún, como el invento de las AUC por los Castaño. Un sicario, de los miles disponibles que dejó el legado de casi cuatro décadas de guerra, es suficiente para que cualquiera que se sienta afectado por la agenda, las denuncias o la competencia política de la izquierda cometa asesinatos en serie.Pero que no sea parecido a lo que sucedió con la UP y la década siguiente, no quiere decir que no sea grave. Los muertos no son de mentira. Resolver los asesinatos para evitar un nuevo genocidio es lo más urgente del postconflicto, desde ya, desde antes de firmar un acuerdo definitivo. Santos si quiere pasar a la historia como el presidente de la paz está en la obligación moral de ser también el presidente que evitó un nuevo ciclo de asesinatos políticos.