Lo que viene en La Habana

El presidente Santos sostuvo en una reunión con embajadores y representantes de organizaciones multilaterales que: “La guerrilla no quiere ser la primera en la historia de Colombia que entrega las armas para irse a la cárcel”. Pero a renglón seguido agregó que existen unas leyes y un nuevo contexto internacional que también deben ser considerados. En el fondo estaba reconociendo el dilema que se avecina en La Habana: ¿cómo conciliar el indulto general que reclaman las Farc con unos requerimientos mínimos de justicia que legitimen nacional e internacionalmente el proceso?No es una tarea sencilla porque los precedentes inmediatos no ayudan. Por un lado, no es cierto que las Farc vayan a ser los primeros en pagar una condena en prisión luego de entregar las armas. Ya los paramilitares lo hicieron con resultados desastrosos para ellos. Catorce de sus líderes fueron extraditados y solo uno de sus comandantes ha sido liberado pese a haber pasado más tiempo en prisión del estipulado en los acuerdos. Razón tienen entonces las Farc de temer posibles incumplimientos si después de dejar las armas aceptan pasar un tiempo en prisión. La llegada a la presidencia de un candidato del uribismo o, incluso, cercano a Santos pero presionado por la opinión, puede significar un cambio súbito en las reglas del juego.Por otro lado, las Farc han hecho poco por ganarse la opinión para ser merecedores de algún tipo de indulto. En vez de estar preocupados por adelantar actos y declaraciones de buena voluntad para ganarse el perdón de sus víctimas y el respeto de sus contrapartes políticas, sus representantes parecieran estar más preocupados por eludir la mínima responsabilidad y achacársela a terceros. El discurso de las causas objetivas como justificación del secuestro y de toda la barbarie cometida solo tiene audiencia entre una minoría radical. Es hora de empezar a pedir perdón en serio si quieren que la opinión y las víctimas faciliten la conciliación entre amnistía y justicia.Más daño le hace a un posible indulto el afán de la fiscalía y de muchos miembros de la sociedad civil que piden una judicialización furiosa de Uribe al tiempo que reclaman laxitud con las Farc bajo el pretexto de la paz como propósito superior. La mitad del país no va a aceptar un perdón total a los responsables directos de decenas de miles de asesinatos, secuestros y atentados mientras que su principal líder va a prisión. Sobre todo si se considera que las Farc no representan ni el margen de error en una encuesta.Por consiguiente, el desafío para el gobierno en lo que se avecina es doble. Tienen que convencer a las Farc que el indulto total es inviable. Tendrán que asumir un castigo, así sea simbólico, en que reconozcan a sus víctimas sin justificación alguna. No pueden seguir manteniendo una actitud tan displicente. De hecho, esa actitud si algo afecta es al capital político que dispone el gobierno para realizar concesiones en la mesa de negociaciones y, de paso, a la posibilidad de conciliar amnistía con justicia.Y ya no en La Habana sino en Colombia, el gobierno tiene que lanzar un mensaje claro al fiscal y a la izquierda que respalda el proceso que si de verdad quieren la paz no puede dar rienda suelta a su deseo de humillar a Uribe en los tribunales. Es hora que entiendan que sin los uribistas, como legítimos contradictores políticos, no hay paz posible.