Las cuentas del domingo

Las últimas encuestas señalan que la lista del expresidente Uribe al Senado puede superar las veinte curules. De ser así el mensaje para el proceso de paz es contundente. Aun cuando el gobierno pueda contar con mayorías parlamentarias el margen de concesiones que pueda realizar a las Farc se verá reducido notoriamente. Las voces de la clase política sacarán en cara todas las injusticias de la guerrilla para obligar al gobierno a endurecer su posición.Material de denuncia y de resentimiento de la clase política contra las Farc hay de sobra. Las expropiaciones, los asesinatos selectivos, las masacres, los secuestros, los atentados y todos los excesos de tres décadas de guerra son más que suficientes para poner en duda la legitimidad de un salto expreso de las selvas y montañas a una silla en el congreso o a una alcaldía. El Congreso tendrá buenos motivos para exigir que antes que puedan participar en el ejercicio directo del poder paguen de una manera u otra por estos crímenes.Por poner solo un caso, la Unión Patriótica (UP). Si bien más de un millar de sus miembros fueron asesinados en los ochenta también es cierto que la UP participó directamente con las Farc en el exterminio de sus rivales en las elecciones locales en Urabá. El Estado pidió perdón por el exterminio de la UP pero Aída Avella, su candidata presidencial, aún elude la responsabilidad de estos asesinatos.Así mismo el tamaño de la ‘mermelada’ que tendrá que repartir el gobierno Santos para alinear a la clase política será mucho mayor al previsto. Al haber menos senadores disponibles para entregar el último voto necesario para aprobar el contenido de los acuerdos los costos de persuasión -nombramientos, contratos y dádivas- serán mucho más altos. Todo eso se paga en capital político, basta recordar cuanto le cuesta a Uribe la sombra de Yidis y Teodolindo.Pero lo más interesante va a ser la trayectoria que finalmente escoja el uribismo en relación a las dos opciones con que cuenta para endurecer el proceso de paz. Por un lado Uribe puede incrementar los costos de la reinserción de las Farc en la vida política legal. La alternativa punitiva significa que si las Farc quieren participar en las instituciones del Estado deberán pagar más cárcel, contar más verdad y reparar con mayores recursos. La cuestión será incluso si estarán dispuestas a firmar la paz bajo estas exigencias.Por otro lado Uribe puede escoger una alternativa más constructiva. Una parte de los votantes y simpatizantes del uribismo han sido víctimas de la guerrilla pero al mismo tiempo han hecho parte de respuestas irregulares contrainsurgentes. En la mayoría de los casos porque no tenían otra opción para sobrevivir. Militares, autoridades, terratenientes, políticos, empresarios y habitantes del común en las zonas de guerra terminaron vinculados al paramilitarismo de una u otra manera para resolver unas demandas apremiantes de seguridad. Al día de hoy su situación jurídica está en un limbo.Peor aún, tal como están las cosas si se firma la paz con las Farc asistiremos a un escenario indeseable, en que mientras ellos son prófugos o prisioneros sus verdugos son funcionarios del Estado. Es prioritario que los términos del proceso incluyan simultáneamente a todos los actores del conflicto por igual. Un general de la República no puede tener un trato inferior a ‘Timochenko’.