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La Policía

Cuando las Farc dejaron las armas era lógico suponer que las fuerzas de seguridad del Estado necesitarían algún tipo de reforma para ajustarse a la nueva situación de seguridad.

11 de septiembre de 2020 Por: Gustavo Duncan

Cuando las Farc dejaron las armas era lógico suponer que las fuerzas de seguridad del Estado necesitarían algún tipo de reforma para ajustarse a la nueva situación de seguridad.

La máquina de guerra que se había construido desde hacía más de una década, en la forma de fuerzas de tarea conjuntas con su impresionante capacidad de respaldo aéreo y despliegue, iba a tener menos sentido cuando la amenaza para el Estado eran organizaciones criminales con propósitos políticos y económicos muy distintos a los de la tradicional insurgencia marxista. La superioridad militar no era tan importante, porque se trataba de organizaciones que no tenían aspiraciones de arrebatar el control del Estado de los centros estratégicos de poder. Su objetivo era el control de espacios periféricos y marginales para desde allí organizar la explotación de economías como el narcotráfico, la minería ilegal, etc.

El control de la población se limitaba a esos espacios. Allí, sin duda, actuaban como un Estado: vigilaban y administraban justicia. Pero dado que su aspiración política se limitaba a ejercer como estados alternos en regiones aisladas, sus necesidades militares no involucraban la organización de un ejército regular. De hecho, lo que marcaba la diferencia no era la capacidad de fuego en un campo de batalla, sino la capacidad de vigilar y regular la población de manera cotidiana.

Por eso sigue siendo prioritario que en los cambios en la política de seguridad se haga énfasis en el fortalecimiento de la función policiva. La guerra contra las organizaciones criminales en la periferia no se va a ganar en grandes enfrentamientos como ocurrió con las Farc. La clave va a estar en que el aparato policial sea capaz de disuadir a grupos criminales de regular la población como medio de control de sus rentas. Se requieren policías muy capacitados en el trato con las comunidades y un fuerte respaldo social del Estado para evitar que la dependencia de las comunidades en las economías ilícitas las llevara a colaborar con las Bacrím, disidencias y demás amenazas.

Lo que no se contaba era que iba a surgir otro tipo de demanda en capacitación de la Policía. Las nuevas olas de protesta y de descontento social, un fenómeno a nivel mundial, exigen que los cuerpos de policía aprendan a cómo mantener el orden en un escenario en extremo complejo. Se trata de situaciones: i) masivas por la cantidad de personas y potenciales víctimas de la violencia, ii) legítimas porque la democracia consagra el derecho a la protesta y iii) volátiles porque dentro de la protesta hay unos pocos que deliberadamente quieren que la situación se torne violenta. Además, es una situación en que la policía es vista como el símbolo del aparato represivo del Estado. Es decir, necesariamente va a ser sujeto de provocación.

Es evidente que la Policía no está preparada para las protestas que se vienen. La muerte del abogado Ordóñez por un exceso de fuerza puede ser un accidente. Sin embargo, el resto de muertes, las imágenes de brutalidad policial y el descontrol en general de las ciudades es un síntoma que las cosas no andan bien. Y no es solo por el lado de la fuerza policial, el liderazgo civil, del presidente para abajo, es nulo.

En suma, el desafío no es solo formar policías para evitar masacres en la periferia y en la marginalidad, sino para defender el derecho a la legítima protesta en una democracia.

Sigue en Twitter @gusduncan