Falta política

Juan Manuel Santos no es el primer presidente que quiere pasar a la historia por modernizar el país. Ya antes, López Pumarejo y Lleras Restrepo habían pretendido corregir una serie de atrasos estructurales de la sociedad colombiana. Y a pesar de sus éxitos, la resistencia de muchos sectores marcó las limitaciones de sus ambiciones políticas y reformistas. López sería destituido y Lleras perdería la nominación del partido liberal en 1978.Muy pocos dudan que la concentración de la tierra, la desigualdad y la corrupción son asuntos prioritarios. Pero no basta con diseñar políticas públicas y reformas para resolver estos asuntos. La lección de sus antecesores es que, además, se necesita mucha fuerza política para institucionalizar las reformas y para garantizar el compromiso de quienes en la práctica implementan las políticas públicas.La democracia es el reino de los políticos profesionales. Son ellos quienes tramitan los intereses de la sociedad. A su vez, el papel de tramitadores los vuelve tan poderosos que se convierten en un sector autónomo con sus propios intereses. Es cierto que no son ningunos ángeles y en el caso colombiano debemos sumar a sus pecados el uso reiterativo de la violencia y el narcotráfico. Pero serán ellos los que en últimas harán posible que las intenciones de modernización se materialicen.Es preocupante, en ese sentido, el trabajo tan pobre de Santos por enviar a la clase política un mensaje claro sobre la conveniencia de estas transformaciones, sobre la inviabilidad de mantener estructuras sociales tan atrasadas y, lo más estratégico, sobre cómo pueden beneficiarse los políticos que se comprometan con la agenda del gobierno. Sin un mensaje contundente al respecto es previsible que los políticos profesionales den al traste con las intenciones modernizadoras y, probablemente, con las aspiraciones reeleccionistas de Santos. ¿Acaso estos mismos políticos no se benefician de la concentración de la tierra, la desigualdad social y la corrupción? ¿Por qué habrían entonces de acompañar la agenda del gobierno?La Ley de Víctimas es un ejemplo claro de cómo Santos pretende llevar a cabo las reformas necesarias sin contar con suficiente respaldo político. Soy amigo de Alejandro Reyes, quien es el cerebro detrás del tema agrario, y conozco muchas de las intenciones reales del gobierno. Por ningún lado hay una intención de llevar a cabo una reforma agraria que ponga en riesgo la propiedad rural del país. Lo que se pretende son políticas obvias: un sistema serio de títulos de propiedad, la restitución de tierras despojadas, la incautación de tierras a criminales, la recuperación de los baldíos nacionales, el respaldo a los productores modernos y la tributación de la propiedad ociosa.Santos no ha sido capaz de explicar nada de eso a la clase política, mucho menos ha sido capaz de explicar que estas transformaciones pueden beneficiarlos. La restitución, los nuevos impuestos y los proyectos industriales en el campo significan votos, recursos y oportunidades de negocios para ampliar su poder y su riqueza. ¿Si a la clase política le pintaran un panorama más atractivo no acompañaría al gobierno? ¿No es esa fórmula más promisoria que la ya fracasada alianza entre élites bogotanas aliadas y campesinos pobres para enfrentar a las élites regionales? Basta recordar a López Pumarejo y a Lleras Restrepo.