El caso Ambuila

El periodista Jerry McDermott del portal InSight Crime acaba de sacar una columna muy buena sobre la corrupción del puerto de Buenaventura y la salida de drogas por contenedores. Es muy reveladora sobre lo que se teje detrás de un caso que ha causado un hondo impacto en la opinión: el de la familia Ambuila. El padre, un funcionario medio de la Dian, y la hija llevando una vida de magnate en Estados Unidos, cual Paris Hilton, con fotos en las redes sociales a bordo de un Lamborghini de más de mil millones de pesos, entre otros tantos lujos extravagantes.

Los narcotraficantes colombianos, como bien apunta McDermott en otros textos, habían aprendido que mantener bajo perfil era una exigencia del negocio para no caer bajo el radar de las autoridades. Tanta atención a través de gastos suntuarios como caballos de paso fino, automóviles, reinas y modelos, licores a precios excesivos en lugares públicos, etc., fueron la perdición de las primeras generaciones de narcos. Y ahora lo saben muy bien.

Pero no pudieron controlar a la hija de uno de los engranajes claves para colocar la droga en los mercados mundiales. No se dieron cuenta que había desatado sus impulsos de consumista en público y las autoridades solo tuvieron que halar la cuerda para encontrar dónde estaba el torcido. En los puertos, donde se mueve el grueso del comercio internacional del país, basta con sobornar, nombrar y, llegado el caso, amenazar a los funcionarios encargados de la aduana para garantizar que contenedores contaminados con drogas lleguen a su destino final.

El tamaño de esta corrupción tiene que ser muy grande porque Colombia hoy está produciendo más cocaína que nunca. Las más de 200.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en algún momento deben convertirse en cocaína y luego en dólares, euros o en pesos, a través de mercancía importada legal e ilegalmente. Palabras más, palabras menos, al final del camino tanta droga se vuelve dinero y debe haber muchos narcotraficantes y lavadores en el país haciendo buen uso de él. Solo que a diferencia de Jenny Ambuila saben autocontenerse en sus lujos públicos.

Por esta razón, McDermott hace un llamado a que el principal esfuerzo de la guerra contra las drogas se enfoque en puntos críticos como en el embarque de contenedores y en las grandes fortunas de los narcos, en vez de en los cultivos y en los corredores de salida habitados por comunidades pobres. De ese modo se atacaría, a la vez, a la corrupción que es el principal costo que tiene el narcotráfico sobre las instituciones democráticas.

Tiene mucho sentido, y sin duda más justicia social, un enfoque más centrado en quienes se quedan con las grandes fortunas y en quienes corrompen las agencias del Estado. Pero no es tan sencillo en la práctica.

Si las autoridades no neutralizan el sinnúmero de ejércitos privados que quedaron como legado del conflicto en zonas periféricas, donde están los cultivos y los laboratorios, es seguro que el país se llenará de territorios donde organizaciones criminales se convertirán en la ley. Las víctimas de estas formas de dominación serán, además, las comunidades más pobres y aisladas.

La recomendación es, más bien, que el Estado fortalezca su capacidad de expropiar la riqueza generada por las drogas para financiar la inclusión en los mercados y en sus instituciones a aquellas comunidades vulnerables al control de ejércitos privados.

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