Cifras preocupantes

Escuchar este artículo

Cifras preocupantes

Enero 10, 2020 - 11:55 p. m. Por: Gustavo Duncan

En el 2019 fueron asesinados 190 exguerrilleros de las Farc que se habían acogido al proceso de desmovilización. Además, 43 de sus familiares han sido asesinados. Son cifras preocupantes que, al igual que la frecuencia con que asesinan a los líderes sociales, alertan del grave problema de seguridad que aún vive Colombia en varias regiones del país.

De hecho, la lógica que hay detrás del asesinato de líderes sociales y desmovilizados de las Farc es muy similar. Se trata en su mayor parte de comunidades periféricas, en zonas rurales o municipios pequeños e intermedios, donde grupos armados irregulares se disputan el ejercicio del poder local y la explotación de rentas criminales. Las víctimas no suelen ser líderes sociales o exguerrilleros de alta jerarquía o que tengan una figuración nacional. Su papel es principalmente local.

La mayoría de fuentes y analistas coinciden en que no existe un perpetrador único, ni ningún plan coordinado para cometer un proceso de exterminio sistemático. Más aún, de acuerdo a los anuncios de la Policía Nacional en su cartel de los 30 más buscados por el asesinato de desmovilizados de las Farc, 17 pertenecen a alguna de las disidencias de las Farc, 10 al ELN, dos al clan del Golfo y uno a los Pelusos. No pareciera haber ninguna conexión entre estos y, más bien, en el caso de las disidencias de las Farc lo que pareciera haber es una ausencia casi total de coordinación entre sus acciones.

De los reportes de prensa sobre los asesinatos se desprende que muchos fueron causados porque de un modo u otro iban contra los intereses concretos del grupo armado irregular en el lugar. Durante las elecciones fue claro que el asesinato de líderes sociales tuvo que ver con su actividad proselitista. Pero más significativo pareciera ser el hecho que los líderes promovieran la sustitución de cultivos y causas ambientales opuestas a la explotación de economías ilícitas. La venganza, por su parte, no pareciera ser un motivo frecuente que explique por qué se mata a excombatientes.

Todo apunta entonces a que la violencia contra los desmovilizados hace parte de esa misma violencia que todavía padecen cientos de miles de colombianos que habitan lugares donde la ley del Estado no se cumple, o se cumple de manera parcial, porque grupos armados irregulares, así tengan principalmente una motivación económica, han usurpado la función de gobernar. Es la realidad del postconflicto: la de un Estado central que siente que puede relajarse porque ya no existe una insurgencia que quiera despojarlo del poder y atacar coordinadamente los intereses nacionales, pero a la vez, la de estructuras delincuenciales en la periferia que operan como si el conflicto no hubiera acabado.

Resaltar estas características no tiene como propósito demeritar la urgencia de proteger a los desmovilizados y a los líderes sociales. A lo que apunta es a insistir en la necesidad de abordar el problema desde la perspectiva de una situación en que el Estado debe desplegar su oferta de seguridad en zonas periféricas antes que de enfrascarse en una operación policiaca para desmantelar un plan coordinado de ejecución de desmovilizados y líderes sociales.

Para muchos es más rentable culpar a paramilitares en alianza con élites y miembros del Estado, pero no solo no es así, sino que tomar medidas bajo ese enfoque haría más vulnerable a las potenciales víctimas.

Sigue en Twitter @gusduncan

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS