Acto de contrición

Acto de contrición

Septiembre 03, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

La revelación de una lista con 57 empresas que entrarían a hacer parte de la justicia especial para la paz es un adelanto del debate que se va a venir sobre las responsabilidades en el conflicto. Será un debate cargado con un profundo contenido político que va más allá de cualquier compromiso genuino de reconstrucción de la verdad. Lo que importa es imponer una visión de la guerra entre guerrilleros que se levantaron en armas por injusticias sociales y oligarquías que se armaron para defenderse ante cualquier intento redistributivo. No es casual que aparezcan empresas como Argos, Coca Cola y Postobón, simbolizan el vínculo de los grandes capitalistas con el paramilitarismo.La cuestión es que ese vínculo no es real. El gran capital poco tuvo que ver con el paramilitarismo porque tenía influencia suficiente sobre el Estado para recibir protección de la fuerza pública. Fueron los medianos y pequeños capitalistas de provincia a quienes les tocó pagar a ejércitos privados para recibir protección contra la guerrilla. En el caso de Postobón, por ejemplo, fue un distribuidor local la razón para imputar cargos. Sus pagos no llegaban al millón de pesos mensuales y unas cajas de gaseosas.Del mismo modo, sería injusto elevar el papel de estos empresarios a la categoría de victimarios. Por un lado, la mayoría de ellos fueron víctimas previamente de las guerrillas. Si el asunto de la responsabilidad es el de haber pagado a un grupo paramilitar serían entonces igual de perpetradores de la guerrilla. Por otro lado, la mayoría de los pagos por empresarios regionales a los paramilitares fueron el resultado de una intimidación. El hecho que prefirieran pagar a los paramilitares porque a diferencia de las guerrillas no secuestraban y sus cobros eran más racionales con respecto a la riqueza que disponían, no los hacía tampoco cómplices. Recibían protección a cambio de los pagos pero no dejaba de ser una situación extorsiva.Para muchos operadores judiciales y activistas de la sociedad civil, sin embargo, el asunto no fue así. El pago a paramilitares fue para ellos producto de una decisión voluntaria de las empresas mientras que curiosamente el pago a la guerrilla no implicaba una decisión equivalente. Las prevenciones ideológicas saltan a la vista a la hora de querer influenciar la aplicación de justicia y la construcción de verdad.En su dogmatismo no reparan que una distinción más importante que la voluntad, tan difícil de comprobar en un tribunal, es si existió para los empresarios una ganancia derivada de la acción de los paramilitares. Esta ganancia no puede ser, por supuesto, que el empresario no haya sido secuestrado y expropiado por la guerrilla, sino que hubiera podido hacerse, por citar sólo dos ejemplos, a unas tierras sin pagar su precio de mercado o a unos contratos públicos a punta de amenazas. No obstante, una aproximación así desvirtuaría el propósito de quienes quieren imponer una narrativa de la guerra de luchas entre guerrilleros y oligarcas.En últimas, lo que quieren muchos activistas es que ocurra un acto de contrición de la sociedad en que todos asuman la culpa y pidan perdón. Pero es infame una contrición generalizada porque quienes cometieron atrocidades del tamaño de secuestros, asesinatos, masacres, despojos, abuso de menores y desplazamientos, al final quedarán en el mismo nivel de responsabilidad que sus víctimas.Sigue en Twitter @gusduncan

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