Menos cortes, más justicia

Si se busca la verdad en los hechos, es fácil concluir que la constitución de 1991 fracasó en su modelo de justicia y le trajo al sistema judicial problemas nunca antes vistos en el antipático pero extremadamente virtuoso sistema de cooptación. La evidencia está en tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y uno de la Corte Constitucional llevados a juicio con cargos de corrupción.

Ya el sistema judicial estaba inflado antes de 1991 con la separación de tribunales de cierre, eso que acá llaman ‘altas cortes’, para la justicia ordinaria y para la administrativa con el Consejo de Estado. El resultado de la asamblea constituyente fue que se crearon dos cortes más, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, que con las existentes aportaban la generosa cifra de 72 magistrados con todo lo que eso implica, especialmente toga, pasaporte oficial, escolta y pensión. En los últimos dos años por gracia de la JEP y de la reforma para separar las funciones de instrucción y juzgamiento para aforados, la nómina de magistrados de las altas cortes creció en 9 miembros para la Suprema y 31 para la JEP. En total hay 122 magistrados.

El neto es que la Rama Judicial tiene más magistrados de altas cortes que el Congreso senadores de la república, sin los afanes y riesgos propios de las elecciones. Por mucho que lo adoben y marinen, el sistema de elección de magistrados en Colombia sigue siendo de lista corta, básicamente un asunto de Friends and family, en el que con excusas de equilibrio y representatividad meten las narices otros poderes públicos como el Presidente y los congresistas, pero sobre todo otras cortes. La judicatura nomina los de la Suprema, esta a los de la constitucional donde también tiene que ver el Consejo de Estado.

Este entramado de funciones electorales produjo no solo magistrados presos, sino también la puerta giratoria y los magistrados saltarines, hoy en la suprema, mañana en la constitucional, luego en la judicatura. Así algunos se convirtieron en los funcionarios no representativos más prolongados del aparato estatal, salvo algunos lagartos y socialmente menesterosos que creen que sus apellidos no han sido suficientemente recompensados con las embajadas y ministerios que han ejercido desde hace décadas.

Pero los vicios inducidos por la constitución de 1991 en la Rama Judicial no se limitan a que los magistrados se corrompieron y la puerta giratoria. Con tanto tribunal de cierre y en virtud de una mal aplicada tutela, corrompieron también la tutela para ponerla a jugar en pleitos de poderosos, que algunas veces esos poderosos eran también magistrados y exmagistrados fallando sobre límites pensionales casi que en interés propio, con lo que se presentó el choque de trenes, una imagen usada para referirse a la confrontación entre poderes públicos como cuando la Corte Suprema tumbó la Pequeña Constituyente de López Michelsen, pero que se volvió común para referirse al conflicto entre cortes, es decir el fuego amigo.

Mientras tanto, dedicados como han estado a ejercer como es debido el derecho a elegir y ser elegidos, tanto magistrado se olvidó de la principal función que debe cumplir que es la de hacer justicia y unificar la jurisprudencia. Por lo menos en lo penal, desde los asuntos más sensibles hasta lo meramente procedimental hay jurisprudencia para lo que se necesite, vieja y nueva, una contradictoria con la otra.

El mal está presente y el remedio se sabe, pero aplicarlo se suele asociar con alguna rencilla política que el asunto se aplaza, o se agrava con ideas de no menos cortes, sino más. Y obviamente menos justicia.