La reforma

Sin duda la intervención del Gobierno en las CAR del país es una acción diligente y necesaria.Está claro que la Ley 99 de 1993 abrió las puertas del clientelismo y la corrupción e, incluso, en el caso de la CVC, significó una lesión del patrimonio público al permitir la privatización del componente energético de la corporación. Epsa nació de ese torcido y, fiel a su origen, la mayoría de su junta directiva decidió que la entidad estaba “sobrecapitalizada”, con lo que lograron que se les devolviera una parte sustancial del dinero que habían pagado para adquirir todo el negocio eléctrico de Salvajina. El voto solitario e incorruptible de Luis Guillermo Restrepo, en nombre del Departamento, fue la única oposición a tal atropello.Pero el Valle perdió y bastante. Nada menos que alrededor del 30% de la generación eléctrica del país. Algún día habrá que contar aquella historia completa. Lo cierto es que desde entonces la CVC perdió importancia y, para colmo de males, cayó en las garras de la politiquería. Nada volvió a ser lo que soñaron los gestores de la importante iniciativa.Pero las cosas venían mal desde antes y la mayor parte de los planes previstos para mitigar el impacto de las inundaciones se encontraban durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de la CVC. Desde luego, nada se reactivó después del zarpazo que posibilitó la Ley 99, fuera de la corrupción y el clientelismo que, a mi manera de ver, ya estaban incubados allí.La reciente tragedia invernal puso en evidencia el grado de deterioro en que se encuentran la mayoría de las CAR, por lo que su reforma resulta inevitable. Volver a la idea de que ellas tendrán competencia en el marco de las cuencas fluviales y no estarán restringidas por límites departamentales resulta positivo: así nació y prosperó la CVC. Lo cierto es que el marco departamental es fruto de acuerdos políticos y no refleja, ni el orden natural –geografía física- ni el orden cultural –geografía humana- del territorio. Sabemos, desde la Junta de Ciudades Confederadas, que lo vallecaucano arranca en el río Ovejas, hoy en el Cauca, y llega hasta Supía, hoy en Caldas.La reforma de las corporaciones indica entonces que urge desarrollar la ley de ordenamiento territorial que prevé la Constitución, para que las nuevas corporaciones, de jurisdicción supradepartamental, respondan a grandes regiones en las que se planifique el desarrollo económico y social del territorio.Por lo tanto, no pueden depender de un gobernador y sus directores deben responder a una instancia superior, en principio el Ejecutivo Nacional. Lo que está bien, pues un país en desarrollo requiere de una burocracia nacional de carrera, que no dependa de los vaivenes políticos de las localidades y regiones, sobre todo en áreas estratégicas de la vida social.Claro está, como el patrimonio de la CVC lo produjo la gente del departamento del Valle, éste se debe escindir, tal como lo propuso Mauricio Cabrera, y destinarse a fortalecer una entidad como Corpocuencas, que se ha visto debilitada y casi olvidada por los gobernadores del Valle.Bienvenida pues la reforma de la CVC. No sólo es necesaria sino también urgente, pues hay nuevas tragedias ambientales a la vista. Y ojalá la empresa privada no meta sus uñas largas, como sucedió con el negocio de Epsa.