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Justicia de papel

No terminaba el país de sorprenderse por la salida intempestiva del exministro...

4 de septiembre de 2014 Por: Gerardo Quintero

No terminaba el país de sorprenderse por la salida intempestiva del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, días antes de que la Corte Suprema se pronunciara en relación con el proceso que se adelantaba por la entrega de subsidios de Agroingreso Seguro, cuando ahora conocemos que también la excontralora Sandra Morelli decidió marcharse a Italia para evadir la investigación que se le adelanta por el controvertido arrendamiento en el que funciona la sede de este organismo de control.En el pasado, tanto el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo como la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, decidieron huir del país para evitar enfrentar la justicia colombiana. A todos los une el mismo discurso: no confían en los procedimientos investigativos desarrollados y se manifiestan perseguidos por el Gobierno, la justicia o lo que sea. Paradójicamente estas mismas personas salieron del país sin que ninguna autoridad hiciera el más mínimo esfuerzo por evitar su partida.Lo que se está gestando con estos procedimientos es de una gravedad absoluta para el Estado de Derecho, que no se ha dimensionado en su conjunto. Lo que están haciendo estos funcionarios, que ocuparon altísimos cargos en el Estado, es simplemente dinamitar las estructuras básicas del mismo.El mensaje es clarísimo: confío en el Estado cuando asumo una alta dignidad y ‘defiendo’ el sistema cuando estoy dentro, pero si ese mismo sistema descubre alguna situación que vaya en contra de mis intereses y que derive en una investigación, ya no confío en él y me declaro perseguido.Más allá de las consideraciones de cada caso y sin entrar en detalle en los procesos o hacer valoraciones sumarias, esta situación, sin precedentes en la historia colombiana, pone un bombazo en la frágil democracia que se cimenta precisamente en la fortaleza y confianza en sus propias instituciones.La lectura básica indica que si estos altos funcionarios dicen que no tienen garantías para enfrentar a la justicia, entonces qué puede decir cualquier ciudadano de a pie en este país. Si bien los antecedentes demuestran que la justicia colombiana tiene muchas falencias, no hay procesos más expuestos y más vigilados por la sociedad y los organismos internacionales que los de estos funcionarios tan visibles.Lo que se está poniendo aquí en juego es la credibilidad y el propio futuro de una frágil democracia aún en formación en este país. Volver a la ‘patria boba’ no puede ser el camino.

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