Vuelve y juega

Como todos los años, vuelve la minga indígena. Una vez más le exigen al Presidente de la República ir a un debate público -esta vez en Caldono, Cauca, el 11 de octubre- y “de no presentarse -le advierten al mandatario- se movilizarán a Cali y a Bogotá”. Una vez más aspiran a manejar la agenda del Presidente, con ultimátum y encerrona, cuando lo cierto es que van a marchar hacia el interior, independiente de lo que haga el Gobierno.

Una vez más bloquearán con palos y piedras la Vía Panamericana, inicialmente un carril y luego dos; irán los altos consejeros y los viceministros -si los reciben- y a los pocos días un séquito de ministros; les sacarán en cara, sean ciertos o no, los incumplimientos del gobierno actual y de los anteriores, y un listado de reivindicaciones absurdas que se remonta a la Conquista. Y los temas de coyuntura, unos válidos y otros no. A la brava.

El Gobierno Nacional, como todos los gobiernos anteriores, dirá de nuevo que no acepta las vías de hecho, que aplicará la ley y defenderá los derechos del resto de colombianos. Y ocurrirá lo contrario: habrá vías de hecho, la ley se aplicará a medias y los derechos del resto de los mortales, no importarán. Y habrá desabastecimiento y enfrentamientos, y un día el Gobierno cederá, crecerá el listado de compromisos, y se levantará el paro.

El libreto ya existe. Todos los años es lo mismo y con todos los gobiernos.
Por una razón: porque les funciona. No hay nada más efectivo en este país que las vías de hecho. Logran en pocos días lo que no conseguirían por los canales de representación y participación institucionales. Y no es culpa de éstos, aunque tengan deficiencias. Simple y llanamente, ellos prefieren las vías de hecho por una razón: no hay reglas. No les gustan las reglas.

Saben además que tienen una mayor capacidad de aguante que los gobiernos de turno, y que la mayoría de los medios y muchos políticos y ciudadanos se solidarizan con ellos, pues pobrecitos los indígenas:
dueños del 30% de la tierra, reciben más transferencias per cápita, y no pagan impuestos. Y saben que ante las vías de hecho la ciudadanía tira la toalla y termina pidiéndole al gobierno que negocie. Le tienen medido el aceite al país.

Qué mejor escenario que la coyuntura actual, ni mandada a hacer: la economía empieza a levantar cabeza y ya se avizora un rebrote del coronavirus con encierro; el desempleo ha caído, pero sigue siendo abrumador; y vuelven los mal llamados ‘paros nacionales’ en los que la mayoría quiere trabajar, pero no sabe si existen las garantías para hacerlo. Y todo esto, cuando la Corte Suprema le asesta un golpe a quienes ejercen autoridad.

Si seguimos así, vamos hacia una desinstitucionalización miedosa. Las vías de hecho no pueden seguir siendo el mecanismo de discusión de los asuntos públicos y la asignación de los recursos oficiales. Salvo se decida legalizar las vías de hecho, si acaso no lo están. En cuyo caso, apague y vámonos. Para qué Estado, para qué Constitución y leyes, para qué las corporaciones públicas y los gobernantes a todo nivel elegidos por voto popular.

Los indígenas, como todos los ciudadanos, tienen derecho a manifestar sus opiniones, su descontento, sus exigencias, y a marchar donde quieran. Pero cumpliendo la ley. Las vías de hecho, con o sin violencia, como medio de expresión social y política, no pueden seguirse aceptando, en ningún caso y a ningún grupo poblacional. La legalidad se nos cae a pedazos desde hace varios años, con la aquiescencia de quienes ven el caos como parte de una estrategia política y el silencio cómplice de la mayoría de los colombianos.

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