Universidad secuestrada

Una vez más surge la polémica sobre si la Policía puede ingresar a las universidades del Estado para garantizar o recuperar el orden público. Todos los años es la misma cosa. Esta vez, mientras el alcalde de Medellín establece un protocolo para agilizar el ingreso de la Fuerza Pública señalando que “hay infiltrados” y “que se debe proteger la vida”, otros dicen que “jamás violarían un campus universitario” sin la autorización del rector.

Y una vez más se invoca, de manera equivocada, la autonomía universitaria. Se olvida que no es absoluta, pues se supedita al ámbito administrativo, académico y financiero. Es decir, no hay impedimento legal alguno para que las autoridades ingresen, con o sin consentimiento de las directivas universitarias, a los campus oficiales. Cosa distinta es, si la Policía prefiere coordinarlo con los rectores, aunque no tiene que pedirles permiso.

Pero esta discusión, eterna, deja de lado el fondo del asunto: el derecho a la educación. La mayoría de los estudiantes de las universidades oficiales van a estudiar. Son ellos quienes se perjudican con la suspensión de clases, en especial por protestas vandálicas. Según el Sistema Universitario Estatal, SUE, 11 de 32 universidades suspendieron el segundo semestre de 2019 y no se garantiza que logren hacer tres semestres en 2020.

Esto no parece importarles a algunos mandatarios y rectores de universidades oficiales, cuando su prioridad, su deber, es garantizarle a la mayoría el derecho a la educación. Por el contrario, prevalece el ‘nuevo derecho’ a una protesta con violencia y que afecta a terceros. Se olvida que estas universidades las pagamos todos con impuestos. Pero eso tampoco importa, a esas pérdidas se les echa tierra, nadie investiga. Y a pedir más plata.

Recuerdo una frase del profesor Juan Carlos Ruiz, de la Universidad del Rosario, sobre la actuación de muchos directivos universitarios: “Han optado por ser como el avestruz: meter la cabeza en la arena, para no darse cuenta de lo que está pasando.” Tiene razón. Se refleja en justificaciones sesgadas, en especial en el SUE, para evitar el ingreso de la policía. Dicen que se incrementaría la violencia. Felices deben estar los encapuchados.

Lo que todo esto evidencia es una falta vergonzosa de determinación para garantizar el derecho a la educación de quienes desean estudiar y cuidar como se debe los recursos de las universidades, que deberían ser sagrados; falta de valor para expulsar a quienes no van a estudiar sino a sembrar caos, milicianos o no y que suelen estar identificados, y hacer de las universidades oficiales territorios libres de delincuentes y de violencia.

Se confunde la libertad académica, de pensamiento y expresión, fundamentales en toda universidad, con un mínimo de orden. Sin orden no es factible ejercer ningún derecho. Triste decirlo, triste admitirlo: la universidad pública está secuestrada. Secuestrada por unas minorías, desde dentro y desde fuera, ante la mirada imperturbable de más de un gobernante pusilánime, que relativiza la ley, y de directivos universitarios temerosos.

No caerá bien este escrito entre muchos directivos y profesores universitarios. Dirán que generalizo; que desconozco las medidas valerosas que algunos han tomado y, ante todo, la complejidad de las universidades. Es cierto. Lo hago a propósito, porque el país requiere de su liderazgo, para decir basta. El liderazgo de excelentes rectores, que los hay, para defender los derechos de los estudiantes que sí quieren estudiar y que son la mayoría. Y liberar por fin a las universidades oficiales del yugo de una minoría violenta.

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