Una meta exigente

En noviembre del año pasado el Presidente de la República anunció que Colombia se comprometía a reducir en 51 por ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI, para el año 2030, en lugar del 20 por ciento asumido en París en el 2015. Una meta importante pero exigente, dado que estamos a nueve años de la misma, pues compromete un esfuerzo monumental de distintos sectores económicos y no solo el energético.

Iniciemos por recordar quiénes son los aportantes de dióxido de carbono, CO2, uno de los principales GEI. Asia, 53 por ciento; América del Norte, 18 por ciento; Europa, 17 por ciento; África, 3,7 por ciento y América del Sur, 3,2 por ciento. Colombia, 0,25 por ciento. Esta información, de Our World In Data, evidencia cuáles son las regiones responsables del cambio climático, y la bajísima contribución de nuestro país al desastre planetario.

Lo que lleva a una segunda pregunta: ¿Qué actividades son las que más contribuyen al calentamiento a nivel mundial y en Colombia? A nivel global, el sector energético es responsable del 73,2 por ciento de los GEI, seguido por el agrícola y pecuario, la tala de bosques, y usos de la tierra, con 18,4 por ciento. En el componente de energía, el 24 por ciento es uso industrial, 16 por ciento transporte, y 17 por ciento, residencial y oficinas.

Estas cifras explican por qué en la agenda internacional de cambio climático pesa tanto la denominada transición energética: el principal generador de GEI a nivel global está asociado con fuentes y usos de energía. Pero la realidad de Colombia es otra: el 55 por ciento proviene de la agricultura, la ganadería, la tala de árboles y el uso inadecuado de la tierra. La industria de la energía aporta solo 10 por ciento, y transporte 12 por ciento.

Lo anterior pone de manifiesto que la receta de Colombia no debe ser la misma que la del resto del mundo; que cada región y cada país tiene su propia realidad. Si esto no se tiene en cuenta, no solo no lograremos la meta en GEI, sino que nos vamos a equivocar. Más cuando Colombia cuenta ya con una matriz eléctrica limpia, pues dependiendo del régimen de lluvias, entre el 63 y 80 por ciento de la generación es de hidroeléctricas.

El problema es que, aunque logremos que el 10 por ciento de la electricidad en el 2022 sea de fuentes renovables y resultase factible pasar los transportes de carga y el masivo de pasajeros a electricidad y gas, no lograremos la meta salvo que se adelanten cambios de fondo en otros sectores económicos y se revierta la deforestación. Es decir, no basta con una ambiciosa agenda de transición energética, se requiere una transición integral.

El asunto de fondo es que una transición integral, cuesta. Seguro se ha contabilizado lo que implica replantear un modelo de ganadería extensiva; introducir nuevas técnicas en la agricultura, modificar procesos agroindustriales e instalar plantas para captura de C02; detener la deforestación -incluida la erradicación de cultivos de coca y la extracción ilícita de minerales- y sembrar los 180 millones de árboles que el Gobierno ha previsto.

Lo anterior, en los próximos nueve años, en medio de una situación fiscal compleja, con un sector productivo golpeado y con otra tributaria a la vista. No dudo que el sector de energía hará su parte. ¿El resto? No quiero ser aguafiestas, pero fácil no es. Y semejante esfuerzo, costoso, para reducir a la mitad las emisiones de Colombia, que como se dijo, en comparación, son bajas. Esta reflexión no tiene por finalidad cuestionar un propósito loable y necesario, pero sí, contribuir a un debate sobre cómo lograrlo y quién lo paga.

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