Un error garrafal

Las universidades oficiales no son repúblicas independientes. No pueden, en aras de la autonomía universitaria, prohibir el ingreso de la Fuerza Pública a la institución. ¿Desde cuándo es competencia del Consejo Superior de la Universidad del Valle autorizar o no el ingreso de la Policía a las sedes de la institución siendo el deber de esta garantizar el orden público para que prevalezca el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos?

La ley 30 de 1992, que organiza la educación superior en el país, establece el alcance de la autonomía universitaria y la circunscribe a los asuntos académicos y administrativos (art. 28) y precisa las funciones de los Consejos Superiores (art. 68). En ningún aparte de la ley o de los estatutos de la universidad se le confiere potestad al Consejo Superior -incluido quien lo preside y el rector- para autorizar o no el ingreso de la Fuerza Pública.

Si lo anterior no fuese lo suficientemente delicado, igual de preocupante es el efecto de esa prohibición en los manifestantes. Felices deben estar quienes dispararon con armas de fuego contra el Esmad, trataron de derribar el helicóptero de la Policía con un tatuco, y arrojaron papas bomba con esquirlas. Tranquilos, pese a haber muerto una persona. Nada las va a pasar: a quienes podían aprehenderlos les tenían las manos amarradas.

Dice el rector que se requería una orden judicial para el ingreso de la Policía y que en la universidad hay controles, y lo que dicen siempre: que quienes están detrás de los actos de violencia son externos, aunque hay unos pocos estudiantes comprometidos con los hechos delictivos. Ahora resulta que son víctimas de los infiltrados -como en la minga- y que el resto de los colombianos tenemos un gen recesivo que nos impide entenderlo.

Los desmanes en la Universidad del Valle, al igual que en otras, propiedad del Estado, se deben en gran medida a que se ha cohonestado con los violentos y la capucha -la nueva insignia de la institución-. Se ha permitido que usen el campus y sus recursos -que son públicos- para su proselitismo, para reclutar jóvenes incautos. Y como en la universidad se les protege, con todo tipo de argumentos, mejor retaguardia para delinquir no hay.

La decisión del Consejo Superior es en la práctica un espaldarazo a los violentos, sean elenos o farianos, disidentes, reincidentes, llámelos como quiera. Y lo es, aunque esa no haya sido su intención, pues incentiva que se sigan presentando desmanes en Univalle. Le tienen medido el aceite a las directivas, saben que son timoratas, que no se atreven a tocarlos. Con razón en la universidad se han recrudecido la anarquía y la violencia.

Qué distinto sería si en la universidad hubiese tolerancia cero con los violentos, pero de verdad. Si se empeñaran en identificar a quienes van a delinquir y no a estudiar, si los judicializaran y expulsaran; si hubiese controles efectivos, requisas permanentes con la Policía y la Fiscalía. Y, si el Consejo Superior entendiese que el ser una institución oficial no la exime de cumplir la ley. Por el contrario, debería dar ejemplo en su aplicación.

Lo más grave de la decisión es que haya contado con el aval de la Gobernadora del Valle, líder de nuestra región, en su condición de presidente del máximo órgano de gobierno de la universidad. Ha debido, en ese espacio, velar por el cumplimiento de la ley; por los intereses de los estudiantes que sí van a estudiar, por los de tres millones de caleños, mamados de las protestas de la universidad, de las aguas tibias, de la falta de autoridad.

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