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Salario mínimo

Un alza del salario mínimo sustentado en el deseo y no en razones técnicas, contrario a lo que se cree, es altamente perjudicial para el país: incrementa el desempleo, la informalidad y, quien lo creyera, aumenta la desigualdad.

16 de diciembre de 2018 Por: Francisco José Lloreda Mera

Lo deseable sería incrementar el salario mínimo más allá de lo que piden los sindicatos; apostarle a mejorar la capacidad real de compra de más de 1,7 millones de colombianos. Pero la cosa no es tan sencilla. Un alza del salario mínimo sustentado en el deseo y no en razones técnicas, contrario a lo que se cree, es altamente perjudicial para el país: incrementa el desempleo, la informalidad y, quien lo creyera, aumenta la desigualdad.

Tiene sentido que el salario mínimo conserve su poder adquisitivo para que quienes lo devengan no pierdan su capacidad real de compra de un año al otro. Así lo señala la Corte Constitucional, al sentenciar que el aumento del mínimo debe ser superior a la inflación observada el año inmediatamente anterior. Eso tiene poca discusión, independiente de si las fuerzas del mercado fijaran a un salario mínimo menor, con variaciones por región.

El debate está en cuánto se debe aumentar, además de la inflación. La respuesta está en la productividad, es decir, la relación entre la cantidad de un producto obtenido y los recursos utilizados (trabajo, capital, técnica). Si la productividad no crece, la economía no tiene como soportar un incremento salarial superior a la inflación sin que se traduzca en mayor desempleo. Y si la productividad es negativa, el impacto en el empleo es peor.

Por eso, si la inflación acumulada al concluir el año es 3,5% y la productividad de todos los factores en 0,52%, desde el punto de vista técnico el incremento debería ser la suma, es decir, 4,02%. Ello explica la propuesta de los empresarios de subir un 4%; a partir de este porcentaje hay riesgo de aumentar el desempleo. No obstante, lo más factible es que se fije un poco por encima para incentivar el consumo, protegiendo el empleo formal.

Por ejemplo, si una tienda de misceláneas o un restaurante tiene tres empleados y se incrementa el salario mínimo tres veces la suma de la inflación y la productividad (que es lo que proponen los sindicatos, un incremento entre el 10% y 12%) la posibilidad de que prescindan de uno de los empleados es muy alta. El negocio no les daría para cubrir el costo laboral de tres personas con un salario que no responde a su productividad.

Sería un absurdo, no solo porque agravaría el de por sí alarmante desempleo sino porque hay una estrecha correlación entre el tamaño de la informalidad y la rigidez del mercado laboral. Si el salario mínimo y los costos laborales no salariales aumentan sin un respaldo en el crecimiento productivo, los trabajadores menos productivos y calificados pagarán los platos rotos: muchos perderán su empleo o la probabilidad de emplearse será menor.

Si se desincentiva la creación de empleo formal se incrementa la informalidad: trabajos en los que se devengan ingresos menores al mínimo y sin seguridad social. De por sí en Colombia, de 22,5 millones de personas que trabajan, 10,7 millones -la mitad- devengan ingresos inferiores al del salario mínimo. Con la tributaria de 2012, cuando se eliminaron los parafiscales, disminuyó el costo laboral y también la informalidad. ¡No retrocedamos!

Lo anterior para señalar que con el incremento del salario mínimo no se juega, pues los más perjudicados son quienes hoy devengan el mínimo o aspiran a ser empleados, y más en momentos en que se quiere incentivar la generación de empleo formal, a través de una reducción en la tarifa del impuesto de renta para todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas. ¡Responsabilidad y coherencia en la decisión del salario mínimo!

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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