Reforma Política (1)

Mientras el país se entretiene en mil discusiones, provocadas por el Gobierno o por los partidos de oposición, pareciera pasar de agache en el Congreso de la República la propuesta de reforma política. De ahí que amerite un análisis pausado y una mayor discusión nacional. Por lo pronto vale la pena examinar tres de las varias iniciativas: la lista cerrada, el voto obligatorio y la financiación estatal de las campañas políticas.

Lista cerrada: hasta la Constitución del 91 imperó la lista cerrada para las elecciones de corporaciones públicas. En su momento y para acabar con lo que se conocía como la dictadura del bolígrafo, se introdujo el voto preferente como la revelación. Pero según los expertos terminó estimulando el caudillismo y las empresas electorales, debilitando los partidos y la democracia. Por eso se quiere eliminar y volver al sistema anterior.

La lista cerrada obliga a los partidos, en teoría, a priorizar las ideas sobre los individuos y a establecer procesos de conformación de las misma. Se presta para que quienes han sido elegidos se perpetúen exigiendo estar en la lista en un lugar seguro, impidiendo la renovación. Pero permite la inclusión de nuevas personas que carecen de estructura clientelar. Es decir, depende de los partidos si la usan para oxigenar o ahogar la política.

Voto obligatorio: la discusión de fondo es, si el voto más que un derecho, es un deber. Si es lo primero, el ciudadano es libre de escoger si concurre a las urnas; no hacerlo es de por sí una postura política, de rechazo o indiferencia; hay quienes incluso lo asimilan al voto en blanco. Y están quienes creen que votar es un deber ciudadano independiente de cómo vote; una mínima responsabilidad política con el país. Votar para poder exigir.

El voto obligatorio no es común en las democracias pues se aprecia como violación de la libertad, no necesariamente crea cultura de participación y los medios de sanción son complejos y discutibles. Quienes están a favor o en contra en el Congreso lo están más en función de la conveniencia coyuntural, de ahí que varios analistas lo consideren una jugada para fortalecer al Pacto Histórico hacia las próximas elecciones legislativas.

Financiación estatal: los partidos requieren de fondos para cumplir sus funciones de intermediación y representación, igual ocurre con las campañas. La duda es, de dónde salen los recursos. Se propone que solo el Estado las financie, sin aporte de lo privados. Se argumenta que ello equilibra la cancha de los aspirantes y evita la corrupción pues se aprecia la financiación privada como una de apoyo a cambio de un favor posterior.

Tiene sentido que el Estado financie los partidos y campañas, pero sin prohibir la de los privados. Dos razones: no es cierto que equilibre la cancha: los ríos de dinero, legal e ilegal, que se mueven bajo la mesa es descomunal y no va a parar; para muchos los topes son un mero formalismo. Mejor sería sincerarse y transparentar las donaciones, igual la representación ciudadana, aporten o no dinero y dejar a un lado tanto impedimento.

Similar ocurre con otras propuestas, entre ellas, la segunda vuelta en algunas elecciones de alcaldes y gobernadores, el paso de congresistas al Ejecutivo y, el transfuguismo. Por lo pronto, unas reflexiones de las tres aquí tratadas: la lista cerrada tiene sentido si en los partidos hay un mecanismo que evite la dictadura y perpetuación de los mismos; el voto obligatorio temporal es inconveniente, más respondiendo a un interés coyuntural y la financiación de las campañas debe ser mixta, transparente y sin tanto impedimento.

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