Provocación

Colombia cuenta con 115 pueblos indígenas, la mayoría respetuosos de la Constitución y la ley, y del resto de ciudadanos aunque no compartan su etnia y su cultura. Y es deber de todos velar por su conservación y bienestar. Pero hay comunidades étnicas que se sienten con derecho a transgredir la ley y atropellar con el aval de alcaldes desvariantes. Es el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y del alcalde Jorge Iván Ospina.

Es fundada la preocupación de los caleños ante el anuncio de movilización hacia Cali de miembros del Cric, para realizar una nueva minga. Lo son, también, el rechazo y la rabia que despierta la reacción complaciente del alcalde de la ciudad. Aún están abiertas las heridas del fallido paro nacional y la ciudad no se repone de la violencia, los destrozos y la anarquía, para llevar a cabo una actividad a todas luces provocadora e inoportuna.

Si el Gobierno nacional les ha cumplido a los indígenas del Cauca es irrelevante. Siempre encontrarán una excusa para justificar sus actos, sean pacíficos, violentos o delictivos. Siempre posarán de pueblos oprimidos y famélicos cuando reciben dinero a borbotones del Estado, gozan de privilegios especiales, y el Cric es una organización bien financiada. Y no nos engañemos, esa nueva minga, al igual que el paro nacional, es un acto político.

Lo que no puede seguir pasando es que cojan a Cali de trompo quiñador. Los caleños no tenemos por qué aguantar más que la instrumentalicen con fines que no aportan a su desarrollo, sino que por el contrario, generan zozobra, la aíslan y ahuyentan la inversión. Cali está acabada, a merced de corruptos y criminales, y ahora los indígenas del Cauca, no contentos con haber arrasado con ese departamento, quieren seguir con el Valle.

Esto, con anuencia del alcalde. Increíble pero cierto. Cuando debería estar defendiendo los intereses de la ciudad y el bienestar de los caleños, estimula la llegada de la minga a sabiendas de los riesgos y los sentimientos encontrados que causa. Se equivoca, alcalde, no es un tema de racismo ni una pataleta de ricos. Es que Cali ya vivió en carne propia los desafueros propiciados por el Cric. Y hay razón para preocuparse y pedir autoridad.

El lío de fondo es que las comunidades indígenas se volvieron intocables; nada les pasa si violan la ley. La Constitución del 91, en un proceder comprensible para el momento, los revistió de derechos y de fueros; nadie sospechó entonces que algunas terminarían abusando de estos y menos que la Corte Constitucional las revestiría de un maximalismo autonómico que pone en entredicho ser una república unitaria con igualdad ante la ley.

Las comunidades indígenas tienen su propio sistema de justicia, que no se circunscribe al territorio del resguardo ni a conductas entre miembros de la comunidad; si delinquen fuera del territorio o la víctima es un ciudadano cualquiera, prima su fuero especial y régimen sancionatorio. No van a la cárcel y de ir pueden optar por una en su resguardo. De ahí que a algunos no les importe delinquir; están por encima de la ley ordinaria.

Están por encima de la ley pues la Constitución es letra muerta en lo que no les conviene. La Carta establece el pluralismo y la diversidad étnica como atributos del Estado, pero sujeta la autonomía a “no contrariar el ordenamiento jurídico nacional”; no se cumple. Se echa en saco roto que el pluralismo y la diversidad étnica aplica en ambos sentidos: que dichas comunidades deben también respetar los derechos de los otros ciudadanos. Vuelve la minga a Cali, una ciudad golpeada e indefensa, a la deriva y sin capitán a bordo.

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