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¿Mismo rasero?

Una cosa es un proyecto de interés nacional -aunque esté en dificultades- y otra los atentados terroristas sistemáticos de unos delincuentes contra el desarrollo de Colombia.

17 de febrero de 2019 Por: Francisco José Lloreda Mera

Cuando como sociedad medimos con un mismo rasero el impacto ambiental resultante de las dificultades del proyecto Hidroituango y el derrame de petróleo perpetrado por el Eln en el último atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, es porque estamos mal. Muy mal. Síntoma de un país que tiene seriamente trastocados sus valores: que trata por igual a quienes están en la legalidad y a los peores criminales.

Hidroituango es uno de los más importantes proyectos de generación eléctrica del país, con una capacidad instalada de 2400 megavatios. Desde abril de 2018 ha presentado serios problemas, con riesgo de ruptura de la represa, lo que ha llevado a la evacuación de los municipios del Bajo Cauca, manteniendo en vilo al país. Y este mes, el cierre de compuertas produjo una sequía sin precedente del río, con un grave impacto ambiental.

El Eln, como es bien sabido, es una organización criminal con génesis en Cuba, bajo el auspicio de los hermanos Castro, dedicada al asesinato, el secuestro, la incineración de poblaciones enteras y atentados terroristas. Su último acto ha ocasionado el derrame de aproximadamente 5000 barriles de petróleo, que recorren cientos de kilómetros por el río Catatumbo, que llega hasta Venezuela, arrasando a su paso la flora y la fauna.

No son hechos comparables. No. La hidroeléctrica es una iniciativa de interés nacional, liderada por una empresa seria, que ha contado con las licencias y permisos de ley, que presenta una contingencia de la mayor gravedad. Una situación no deliberada ni dolosa, con unos directivos y autoridades al frente de la emergencia dando la cara, y un ejército humano trabajando día y noche para evitar una tragedia y procurar salvar el proyecto.

Al otro lado tenemos a un grupo guerrillero que en los últimos cinco años ha realizado 300 atentados a la infraestructura petrolera del país, de manera dolosa y deliberada, consciente del daño ambiental y de los perjuicios humanos que causa. Una organización cobarde que atenta contra los intereses nacionales, se esconde en Venezuela y recibe con minas antipersonales y francotiradores a los técnicos que van a reparar el tubo.

Por eso preocupa la reacción de quienes tratan por igual el daño ambiental causado por el proyecto hidroeléctrico y el ocasionado por el atentado terrorista. Llama la atención el amplio despliegue de algunos medios a la sequía temporal del río Cauca comparado con el cubrimiento dado a la contaminación del río Catatumbo a raíz del acto demencial del Eln; dos hechos con un origen, responsabilidades e implicaciones muy distintas.

Es función de la autoridad ambiental investigar el impacto de la sequía temporal del río, ocasionado por el cierre definitivo de las compuertas; el riesgo de no haberlo hecho, el procedimiento seguido. Pero de ahí a considerar la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto, hay un largo trecho. Suena más a una medida populista, que contrasta con el desinterés de las agencias ambientales ante el desastre causado por el grupo criminal.

No es admisible tratar por igual a quien actúa en el marco de la ley y quien no; juzgar por igual el impacto resultante de una contingencia en un proyecto y el ocasionado por un acto criminal deliberado. Es hora de poner cada cosa en su lugar. Una cosa es EPM otra el Eln. Una cosa es un proyecto de interés nacional -aunque esté en dificultades- y otra los atentados terroristas sistemáticos de unos delincuentes contra el desarrollo de Colombia. Si no tenemos eso claro como sociedad, nos merecemos la peor de las suertes.

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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