La hora de la verdad

Quedé atónito al escuchar a la recién elegida segunda vicepresidente del Senado, ‘Sandra Ramírez’, de las Farc, decir que no hubo reclutamientos forzados de menores ni abuso sexual en la guerrilla. Increíble que mintiera, de manera descarada y sin vergüenza, en un tema del que existen pruebas contundentes y genera tanto rechazo en la sociedad. Pero lo que rebosó la copa fue el respaldo de Rodrigo Londoño a la versión antes dada.

Escuchar de él, jefe del partido Farc, quien participó en las negociaciones y suscribió los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón, y quien se comprometió a decir la verdad y a reparar a las víctimas, reforzar la mentira, es inaceptable. Más cuando la propia JEP, que no ha brillado por su imparcialidad y celeridad, abrió hace un año un expediente del tema, por la existencia de más de 8000 casos de reclutamiento de menores de edad.

Pero más allá del revuelo político, las declaraciones de los senadores de las Farc, tienen una implicación legal, ante la justicia transicional. Si ‘Sandra Ramírez’ y Rodrigo Londoño insisten en la mentira, la JEP no debería tener opción a quitarles todos los beneficios, entre ellos el de ser congresistas, y enviarlos a prisión. Es lo que dice el acuerdo de paz. Salvo que el tribunal, como pasó con Santrich, tome partido por los dos exguerrilleros.

La JEP debería darles prioridad a las investigaciones por reclutamiento forzado y abuso sexual y vincular de inmediato a la investigación a Londoño y a ‘Ramírez’. Si no lo hace, o lo hace y los senadores insisten en mentir y no se les sanciona de manera ejemplar, le correspondería intervenir a la Corte Penal Internacional, por decisión del Fiscal de la CPI, por solicitud de un Estado Parte, o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Porque si hay algo inocultable, como el reclutamiento forzado de los menores de edad y los abusos sexuales a las mujeres y niñas, es la participación de ambos congresistas en los crímenes. Difícil que quien hizo parte del Secretariado con el alias de ‘Timochenko’ y quien fuese compañera sentimental de alias ‘Tirofijo’, no se hubiesen enterado de esas prácticas ilegales. Difícil negar, bajo el Estatuto de Roma, que les cabe responsabilidad.

Y es así porque el Estatuto establece como responsables, no solo al “jefe militar o quien actúe efectivamente como tal en los crímenes, aunque hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando o control efectivo”, sino a quienes hayan facilitado su comisión, sean cómplices, encubridores, o colaboren de algún modo en la comisión o tentativa de la comisión de los crímenes o hubieren debido saber que estaban o iban a ser cometidos.

Lo lamentable de todo lo anterior es que no sorprende. Las Farc le han sacado el cuerpo a reconocer sus crímenes, en especial el reclutamiento forzado de los menores de edad. Y hay que decirlo: con el beneplácito del anterior gobierno, que hizo poco para exigirles que reconocieran y entregaran a todos los menores en sus filas. Se le echó tierra durante la negociación y una vez firmado el acuerdo de paz; estamos cosechando esa omisión.

Es hora de la verdad judicial. Lo señalado por los dos congresistas de las Farc insulta la confianza de los colombianos; nos creen ingenuos si piensan que el país comprará esa falacia. La JEP no debe seguir dilatando la investigación y juzgamiento de los máximos comandantes de esa guerrilla, incluidos los hoy congresistas. Llamarlos a comparecer y si niegan los crímenes atroces, quitarles los beneficios. Si no lo hace, que intervenga la Corte Penal Internacional. Y cerrar la JEP, pues corroboraría su sesgo e incompetencia.

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