Indagatoria

La Corte Suprema de Justicia ha llamado a indagatoria al expresidente Uribe, noticia que tiene a la expectativa y divido al país. Sus enemigos acérrimos no podrían estar más felices; sus seguidores incondicionales, indignados. El resto de los colombianos, en un limbo, sin tener claro lo que está sucediendo, si la Justicia está o no actuando como debe y si detrás de todo esto hay o no una persecución política. Vale la pena un breve análisis.

Lo que ocurrirá el 8 de octubre, desde lo procesal, no es gran cosa. La Sala de Instrucción de la Corte escuchará a Uribe y a su defensa, sobre los delitos que se le imputan: fraude procesal y soborno de testigos. La génesis de esta investigación es, paradójicamente, la denuncia que el expresidente presentó contra Iván Cepeda, por hechos similares. La Corte absolvió al congresista del Polo y decidió, en cambio, investigar al senador Uribe.

El paso siguiente dentro del proceso será determinar lo que se conoce como la situación jurídica del indagado: si se le dicta medida de aseguramiento o se le permite defenderse en libertad. Vendrán luego la primera y la segunda instancia. Pero la discusión de fondo no es el presunto fraude procesal y soborno a testigos, sino si el expresidente tuvo o no un vínculo con grupos paramilitares, situación que él rechaza y que no se le ha probado.

Lo lamentable es que la realidad de los hechos no se conocerá fácilmente. Por una razón, nuestro sistema penal descansa principalmente en la prueba testimonial, que es la más débil: es la palabra de uno contra la de otro. En este caso la prueba reina es el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar cuyo padre trabajó en una hacienda del padre del senador Uribe. La palabra de un exparamilitar contra la de un expresidente.

El tribunal contaría además con pruebas de la interceptación de llamadas del Senador. Dice que ordenó la interceptación del celular de otra persona, en otro proceso, y resultó ser el de Uribe. La defensa señala que esas pruebas son ilegales, pero la Corte las tomará en cuenta; un proceder muy distinto al que tuvo con Piedad Córdoba cuando desestimó las pruebas en su contra del computador de Reyes porque las recaudaron los militares.

Lo anterior, no para atizar los ánimos, pero llama la atención la credibilidad que la Corte pareciera dar al testimonio de unos y no al de otros, el que por casualidad se terminase interceptando el celular del expresidente, y que el tribunal proceda distinto en cuanto a la legalidad de las pruebas, según el indiciado. Estos hechos, sumados a la época de la indagatoria -a dos semanas de las elecciones- generan, por decir lo menos, suspicacia.

Infortunado, porque el país merecería no solo conocer la verdad, sino que todos los que enfrenten procesos penales por hechos relacionados con grupos ilegales, sean medidos con el mismo rasero. Si no es así, la credibilidad de la Justicia seguirá en entredicho, sus decisiones siendo leídas desde los intereses políticos, y el país, lejos de unirse seguirá dividido. Ojalá la Corte Suprema, en el caso que nos ocupa, actúe conforme a derecho.

Vienen días difíciles. Los enemigos de Uribe no ven la hora de verlo tras las rejas, con o sin fundamento legal: les puede el odio visceral. Los incondicionales del expresidente lo defienden a muerte; para ellos el tribunal está sesgado y es parte de una persecución de la izquierda, los verdes y el ‘santismo’. El resto de colombianos, entre desconcertados y perplejos, sin saber qué creer, aburridos con la peleadera. La decisión de la Corte no es una decisión fácil, ni es cualquier decisión. Ojalá primen la objetividad y la sensatez.

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