Desenfoque

Diciembre 03, 2022 - 11:50 p. m. 2022-12-03 Por: Francisco José Lloreda Mera

La accidentalidad vial está disparada. El 2022 terminará con más de 940.000 heridos y 7.200 fallecidos, en esas circunstancias. De ahí la importancia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, un instrumento de aseguramiento que ha salvado miles de vidas y que como lo dice Miguel Gómez, el presidente saliente de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, “se está quebrando por falta de voluntad política de los gobiernos”.

¿Qué ocurre? Pese a ser obligatorio, el 47 por ciento de los 17 millones de vehículos que circulan en el país evade su cumplimiento, el valor de los siniestros ha crecido más que el valor de las pólizas, igual el costo de la atención en salud y la cantidad de víctimas. En ese escenario, el Gobierno, en vez de buscar una solución estructural al sistema, dice que subsidiará el 50 por ciento del Soat a un grupo de vehículos, en especial a las motos.

El anuncio suscita polémica no solo porque es un gasto no previsto de $2 billones -que equivale al diez por ciento del recaudo de la reforma tributaria- sino porque premia a quienes más se accidentan y menos cumplen con el deber de tener el seguro. Lo hace, ante la presión de los motociclistas -y debilidad del Gobierno- pensando quizá que incentivaría a las motos a adquirir el Soat. Una medida ingenua a juzgar por los hechos.

Las motos ya están subsidiadas. El 61 de estas no paga el seguro y sin embargo en caso de un accidente se les atiende gratis en los centros de salud. Del valor de la póliza, el 54 por ciento se destina a atender el siniestro y a ayudar a financiar el sistema de salud (porcentaje bajo que amerita revisión) y el 14,2 por ciento va a un fondo para cubrir los accidentes de quienes no han adquirido el seguro, entre ellos, 6.700.000 motocicletas.

Pero el auxilio a las motos no para ahí. Según Fasecolda, los vehículos familiares pagan una prima 9,5 veces más alta de la que les correspondería por su nivel de riesgo y las camionetas 10 veces más, mientras que las motos -que son las que más se accidentan y más evaden el pago del seguro- pagan una prima 3,7 veces menor de la que deberían pagar según su nivel de riesgo. Un sistema de subsidios cruzados que se pasa por alto.

Es así que los vehículos de mayor siniestralidad (las motos en primer lugar y los buses urbanos) son subsidiados por los que tienen una menor siniestralidad (los automóviles particulares y las camionetas). De no existir ese cruce, las motos con un cilindraje de 100 a 200 centímetros cúbicos (c.c.) debería pagar $1.235.900 por la póliza del Soat en lugar de $566.500 y, los automóviles de 1500 a 2500 c.c. $87.000 en lugar de $488.000.

Como si los subsidios señalados fueran poco, el Gobierno anuncia ahora uno adicional del 50 por ciento del valor del Soat para las motos menores a 200 c.c., microbuses urbanos, de servicio público, intermunicipales y taxis. Y pide a las aseguradoras saltar al vacío, sin saber cómo operará y si la medida será efectiva para incentivar el seguro. Y lo hace con los nuevos impuestos, existiendo tantas necesidades realmente apremiantes en el país.

Mientras tanto, poco o nada se hace para que el sistema del Soat no colapse: para bajar la accidentalidad, mitigar los costos excesivos e irregulares de algunos prestadores de servicios con cargo al seguro, y controlar la evasión. Para que los motociclistas sean más responsables. Ahí debería estar el foco del Gobierno en vez de improvisar una medida tan controvertida y costosa, que premia a los evasores, profundiza la inequidad en las pólizas y distrae recursos que deberían dirigirse a reducir estructuralmente la pobreza.

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