¿Universidades criminalizadas?

La comercialización de algunas universidades es cuento viejo. El de la criminalización de muchas de sus actividades es algo que ha venido apareciendo en los medios de comunicación desde hace varios años, sin que se tomen las medidas contundentes que este tipo de comportamientos exige. Ello ha ocurrido en algunas universidades privadas y públicas. Rectores, altas autoridades académicas han ido a parar a la cárcel y ese horrible fenómeno que fue el paramilitarismo, también llegó a formar parte de estos despreciables tinglados.Es asombroso que algunos ambientes universitarios en Colombia hubieran podido llegar a tales extremos. El caso de la Universidad Autónoma en Barranquilla es escandaloso y revela el desentendimiento de estudiantes, profesores, directivos y de la sociedad civil frente a comportamientos inaceptables, inconcebibles. En el Pacífico han ocurrido situaciones similares. Y hay casos que ya forman parte de la narrativa de libros sobre la política, como el muy meritorio, recientemente publicado, de Gloria Isabel Ocampo, llamado ‘Poderes regionales, clientelismo y Estado’, que describe en varias partes lo que ha sido la interferencia de grupos políticos en la Universidad de Córdoba. Así fue como estas interferencias políticas lograron pasar el presupuesto de la universidad, de 1.000 millones en 1992, a 47.000 en 1.994 y a 100.000 en el año 2.000. Semejante volumen de recursos financieros desató apetitos que muy poco tenían que ver con la excelencia académica. Hasta el paramilitarismo consideró que era el momento de interesarse por la universidad y así ésta se fue convirtiendo en campo de batalla de diversas facciones e intereses. Eso cuentan unos ex rectores en una entrevista con la autora y que se reproduce en parte en la página 284. Mancuso dirigía cartas al Rector, hubo estudiantes secuestrados “para enviar al Rector un mensaje conminándolo a renunciar a su aspiración a la reelección y asesinaron al Decano de la facultad de Ciencias Sociales. Después el Rector fue retenido: “lo cuestionaron duramente”, le pidieron explicaciones sobre el manejo de las finanzas y la contratación desordenada de personal (…) el funcionario renunció a su aspiración y se comprometió a establecer procedimientos legales para la designación de decanos y el nombramiento de profesores”. La autora concluye, a este respecto, que esto muestra “el continuo entre lo político y lo criminal, entre lo legal y lo ilegal, entre el estado y el para-estado”. Por ello no es sorprendente que la Senadora Claudia López, con el coraje que la caracteriza, haya desatado el vergonzoso caso de la universidad San Martín. La ministra, Gina Parody, ha obrado con lucidez y valentía. Y, una vez tomada la decisión de intervenir esta mal llamada universidad, sabe que tiene por delante un largo camino por recorrer y que le convendría crear un grupo de trabajo dedicado a este tema, porque son muchas las instituciones, tanto de educación superior como de otros niveles, que requieren un tratamiento urgente, que les devuelva su noble vocación y las limpie, las purifique de las prácticas comerciales que lindan con la criminalidad.Es que no es posible que una parte del sistema educativo sea, precisamente, un modelo de todo lo que no debe ser, de todo lo que no debe ocurrir, del desconocimiento de todos los valores y de la exaltación de los más bajos apetitos. Y, mucho menos, jamás en el sector educativo.