Reformar la justicia

La ley del más fuerte parece imponerse entre nosotros. Guerrillas, bandas criminales, crimen organizado, clanes político-mafiosos, carteles de jueces y funcionarios, testigos falsos, extorsión…El imperio de la violencia, o de la astucia o del engaño ha venido sustituyendo el anhelado imperio de la ley. ¿Y qué se hizo nuestra tradición jurídica? ¿Acaso estamos presenciando síntomas graves de lo que se podría denominar un derrumbamiento del derecho?No vale la pena repetir aquí el rosario deplorable de episodios que desde hace varios años vienen golpeando la credibilidad en nuestros jueces y, en general, en la real eficacia del conjunto de reglas que constituye el Estado de Derecho. En buena hora, el gobierno vuelve a plantear la urgencia de reestructurar nuestra administración de Justicia. Tampoco es necesario reiterar los principales temas de esa urgentísima reforma. Lo que sí vale la pena es llamar la atención sobre aquellos aspectos que no se han considerado cuando se elaboran los nuevos esquemas.No se ve cómo se puede contar con una administración de justicia creíble -y, por lo tanto, transparente, oportuna, eficaz, iluminada-, si las facultades de Derecho, que hoy son legión, brillan en la mayoría de los casos por su mediocridad. Y, peor aún, por hábitos que no son precisamente los más propicios para formar a sus graduandos en los valores éticos que deben caracterizar a jueces y abogados. Creo que ya nadie habla de la profesión de abogado como un sacerdocio que tiene que ver con una función nobilísima y superdelicada y exigente, como en la que tiene que ver con darle a cada quien lo que en derecho le corresponde. Hacer justicia.Históricamente, ha sido tan sagrada que para administrarla se la ha rodeado de majestad y de rituales. Su decadencia entre nosotros corre parejas con el relajamiento de estos atributos. ¡Muy grave!La formación de abogados y jueces y de sus auxiliares tiene que ser muy estricta, en todo sentido. Como eso parece imposible, es necesario acudir a los exámenes de Estado que son los que finalmente van a determinar la idoneidad de quienes aspiren a integrar esta profesión. Y en el caso de la carrera judicial, es indispensable crear una escuela de formación de jueces que se ocupe de inculcarles un conjunto de valores que los haga invulnerables a las tentaciones que los van a asediar. Escuela que además, debe preocuparse por contribuir a su educación permanente y a establecer los criterios de promoción.Son dos estrategias claves para elevar la formación ética e intelectual de jueces y abogados y de sus auxiliares. La sociedad civil -incluidas las facultades de Derecho, tan silenciosas e indiferentes ante esta dolorosa crisis- tiene que ejercer una vigilancia, exagerada si se quiere, sobre el comportamiento de abogados, jueces, magistrados y funcionarios de la Rama Judicial. Exaltemos lo que vale preservar, la Corte Constitucional, por ejemplo; y erradiquemos lo que está haciendo grave daño y reformemos lo que no funciona; introduzcamos correctivos que no se han tomado en serio y que, sin duda, pueden cambiar el panorama. Y adoptemos algunas medidas de emergencia.Despoliticemos la administración de Justicia y pongámosle fin a la judicialización de la política. Y recordemos a San Agustín: “Haced a un lado la Justicia y entonces, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?” (La Ciudad de Dios, XIX, IV, 6).