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Reforma política

Octubre 16, 2020 - 11:50 p. m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

El artículo tercero del Proyecto de Reforma Política modifica el 262 de la Constitución al proponer que “la financiación de todas las campañas a cargo de elección popular será preponderantemente estatal.”

Asombra que en un país caracterizado por la existencia de organizaciones criminales (carteles de la droga ahora aliados con carteles mexicanos; grupos armados ilegales; contrabandistas, etc.) se insista en dejar la puerta abierta para que esos actores criminales sigan haciendo lo que ha venido criminalizando la política desde hace varias décadas. Parece que las afirmaciones del excontralor Edgardo Maya, al final de su periodo, sobre el nefasto papel de las empresas político-criminales cayó en oídos sordos (congresistas, diputados, concejales, ediles, candidatos, alcaldes, gobernadores y hasta pensamos que candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia).

El vínculo entre el crimen y la política se tramita principalmente por medio de la financiación de las campañas y hasta de la vida cotidiana de algunos políticos. Es lo que el presidente Gaviria en varias ocasiones ha denominado los “políticos contratistas”. Porque el quid pro quo, bien conocido y descrito en libros, es el intercambio vitando entre el apoyo económico o en especie a la campaña y la distribución de contratos, prebendas y favores a los financiadores.

Semejante alianza ha contaminado la vida política, deformado las políticas públicas, distorsionado el uso de los recursos públicos en detrimento del bienestar general y de la situación vulnerable de los más pobres. El espectáculo es deprimente. Al respecto hay noticias casi todos los días.

Y, así, el descrédito de la política y de los políticos es descomunal.
Cuando les preguntan a los ciudadanos si aprueban aumentar el número de congresistas es mejor no escuchar lo que dicen. La falta de respeto y de confianza hacia una institución clave de la democracia representativa es aterradora, desoladora. Tampoco tiene sentido exponer al Jefe de Estado y del Gobierno a acusaciones sobre financiación ilegal. Eso ha reventado la relación entre ciudadanos y políticos aquí y en otras partes del mundo.

En un país como el nuestro donde venimos sufriendo escándalos que comprometen al más alto nivel, en el cual las diferentes organizaciones criminales interesadas en manipular el proceso de decisiones políticas son cada día más fuertes y sinuosas, es imperativo cerrar esa fuente de envilecimiento de la actividad política.

Hay que abandonar la idea de que la financiación estatal sea preponderante. Debe ser total. ¿Que sería más costoso? Por favor, que averigüen cuánto está costando la captura de muchas políticas públicas, las ‘sinfonías inconclusas’ en obras públicas, el vergonzoso caso de la alimentación escolar, el descalabro en el funcionamiento del Sistema de Salud, que examinen el estudio de Fedesarrollo (Luis Jorge Garay y Daphne Álvarez) sobre la corrupción (el modelo de corrupción) en Córdoba. ¡Es sólo un caso! Que se iba a exportar a otros departamentos para que mejoraran su desempeño corrupto.

La reforma política más significativa es la de ordenar la financiación estatal total de todas las campañas. No hay derecho a seguir insistiendo en la fórmula que criminaliza la vida política. Ni a someter a los elegidos a insinuaciones perversas y acusaciones oprobiosas. Por supuesto que las listas cerradas son preferibles a las abiertas que se prestan para la captura individual de los elegidos.

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