Redes corruptas

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Redes corruptas

Enero 17, 2020 - 11:50 p. m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

Dinero hay si no se lo roban. Con esa divisa se hizo elegir el nuevo Presidente de El Salvador. En Colombia podría decirse lo mismo. Tanto el contralor Maya, como su sucesor Carlos Felipe Córdoba, afirman que la corrupción se lleva en Colombia 50 billones de pesos, al año. Ahí está una buena parte de la solución al problema de la pobreza y la desigualdad. El Gobierno Nacional, obsesivamente tiene que ocuparse muy en serio de cómo preservar estos enormes recursos. Un volumen significativo lo representan las regalías que reciben los municipios. Así lo demuestra un estudio reciente de Fedesarrollo titulado ‘Factores Políticos e Institucionales asociados a la Corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia’. Elaborado por cuatro investigadores y propiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. No es poca cosa que de frente se diga en el título de esta investigación que la corrupción en el manejo de las regalías en los municipios está asociada a factores políticos e institucionales.

El resumen del informe es contundente a este respecto: “Por último, se aportan evidencias sobre la existencia de redes clientelares entre diferentes niveles y ramas del poder público, al ser clara una relación significativa y positiva entre la alineación política del Alcalde con la Cámara de Representantes y la probabilidad de corrupción. Esto sugiere que la corrupción subnacional no necesariamente tiene origen en las regiones, sino que en general responde a incentivos y falencias institucionales del orden nacional, que influyen sobre actores locales, así como del nivel central”.

Rara vez he leído una afirmación tan contundente basada en una investigación juiciosa con datos de la Procuraduría General de la Nación y metodologías sofisticadas. Me asombra que no exista ya una reacción contundente frente a semejante diagnóstico. La propia Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tienen aquí un trabajo urgente que hacer. Son cientos de millones de pesos. Está en juego el bienestar de los municipios más necesitados de Colombia, señalados con precisión en el estudio. Este es el trabajo eficaz en la lucha contra la corrupción. Hay que reiterar lo que tantas veces he recordado que es la afirmación de los expertos en el tema, cuando dicen que no son las leyes las herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción. La colaboración de la ciudadanía es vital, las universidades regionales tienen aquí un papel que hasta el momento han eludido. Es un volumen enorme de dinero el que se desperdicia o se congela o el que, como tantas veces he dicho, se intercambia en contratos y otras prebendas en ese acuerdo criminal que resulta de la financiación de las campañas electorales. Es lo que el contralor Maya llamó, sin que le hicieran eco, las “empresas político-criminales” Ahí es donde las políticas públicas pierden todo valor, donde la contratación se pervierte y las expectativas de los ciudadanos quedan frustradas. Dinero hay, si no se lo roban. Sí, el marco jurídico es importante, pero ahí no se agota el trabajo de prevenir la corrupción y mucho menos el de sancionarla.

Ojalá las entidades de control asuman coordinadamente una estrategia para lidiar exitosamente en contra de este latrocinio bien descrito en esta investigación. Ojalá las universidades regionales se ocupen del tema. Ojalá las Cámaras de Comercio y la sociedad civil subnacionales, también lo hagan.

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