Recompensa ineficaz

La herramienta más efectiva contra la corrupción ha sido la delación. En Inglés se usa el conocido concepto whistleblower. Repitamos, el que pita, el que grita, el que ofrece información clave para establecer cómo está funcionando un esquema de corrupción. Más que un delator es un luchador contra la corrupción, colaborador de la justicia, amigo de la transparencia; en esencia, un buen ciudadano.

Entre nosotros ha existido pero su reglamentación ha sido tan precaria que no ha logrado niveles de eficacia. Para que esta herramienta funcione como instrumento anticorrupción, se requiere que la recompensa sea excelente, y muy alta la protección del ciudadano que colabora. La corrupción no se contrarresta con pañitos de agua tibia. Mucho menos la que nos ha invadido, con características de crimen organizado y en la cual participan desde altos ejecutivos, altos funcionarios hasta personas sin tantas campanillas pero esenciales para el éxito de esta criminalidad. Estamos viendo latrocinios multimillonarios. No se pueden confrontar con recompensas menores que pueden ser desbordadas, en segundos, por tales organizaciones criminales.

Se anuncia que el máximo de la recompensa que se establecerá en Colombia llegaría a doscientos cincuenta salarios mínimos mensuales, o sea, $184 millones. Es mezquino, ridículo, ineficaz. Un hazmerreír. El superintendente Robledo debe estar perplejo.

La recompensa tiene que oscilar entre el 10% y el 30% del dinero que se recobra o que está implicado en el comportamiento corrupto. En un caso como Odebrecht –y apenas sabemos de uno que fue investigado por un funcionario judicial estadounidense en diciembre pasado- llega casi a US$800 millones. Si hubo un delator, esta persona recibiría por lo menos, US$80 millones. Seguramente, mucho más. La cifra de la recompensa tiene que ser tan seductora que el ciudadano que resuelva revelar el esquema de corrupción, se sienta fatalmente atraído para hacer el gran favor de contar. No se trata de premiar la virtud. Démosla por descontada. Se trata de compensar y recompensar con una suma de dinero enormemente atractiva. Esa es la estrategia. Difícil que falle. Porque, inclusive, el beneficiario de esta jugosa recompensa puede ser uno de los involucrados en el esquema corrupto. Por ello se requiere reglamentación muy bien pensada. En el primer estatuto anticorrupción así se concibió pero la Corte Constitucional la declaró inexequible. No se hizo un trabajo posterior para recoger las objeciones de la Corte.

Esta herramienta está inventada, ha funcionado. Con frecuencia recibo informes sobre nuevos casos. Son cifras millonarias en dólares. Se requieren formas reales de protección y probados procedimientos para que el proceso se surta en confidencialidad, máxima discreción, máxima veracidad y responsabilidad. La denuncia tiene que ser precisa y debe conducir a realizar exitoso hallazgo para que se justifique tan seductora recompensa.

Hay manuales al respecto, que infortunadamente no tengo a disposición, pero que nuestro Embajador en Washington o nuestros abogados podrían conseguir en cuestión de horas. En tales manuales, ya agotados, está recogida esta valiosa experiencia. No es necesario inventar. Simplemente, adaptar al sistema legal colombiano y a nuestras circunstancias, que no son fáciles, el funcionamiento de esta herramienta.

Sería deplorable que teniendo la oportunidad y el mecanismo jurídico para ponerla en vigencia nos equivocáramos en su concepción. Eso no tendría perdón. El Gobierno proyecta una imagen de debilidad en la lucha anticorrupción al establecer cifras tan pobres como incentivo.