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Política y derecho

Agosto 07, 2020 - 11:50 p. m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

Expresar tristeza -como lo hago- por la decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no implica, ni de lejos, un desacato a la Corte Suprema.

Preguntarle a la ciudadanía qué opina de esta decisión presume un conocimiento que no existe sobre un pronunciamiento de más de 1500 páginas. Ni siquiera el breve comunicado ha sido leído por la gran mayoría de los que opinan.

Como en la vida religiosa, con respecto a las decisiones de los jueces nos comportamos con un acto de fe. La única diferencia es que los católicos otorgamos al Sumo Pontífice una condición de infalibilidad. No así a los jueces; reconocemos que ellos son seres humanos y por tanto falibles. Quienes han estudiado casos de errores judiciales, de buena o mala fe, o movidos por otras motivaciones, se preguntan ¿cómo aceptar que la Justicia sea sinónimo de injusticia?

Aparte de esta reflexión, que es obvia, hay que reconocer que la relación derecho y política se ha convertido en un tema central en muchos países, y por ello se habla de la ‘judicialización de la política’ y en consecuencia, de la ‘politización de la Justicia’. Dos fenómenos deplorables pero que se han ido convirtiendo en hechos notorios. En algunos casos, particularmente los que tienen que ver con fenómenos de corrupción (el caso del Perú, cinco presidentes judicializados) es claro que no se puede hablar en estos términos. Es lo que ha ocurrido con la expresidente de Corea del Sur o con exministros de algunos países africanos o asiáticos.
O lo que está pasando con el muy preocupante caso del Rey emérito de España.

Los procesos de destitución que se han tramitado en Estados Unidos, el del presidente Richard Nixon, el que se contempló contra el presidente Reagan, luego contra el expresidente Clinton y en enero de este año contra el presidente Donald Trump, son ejemplos de procesos que abiertamente mezclan la política y el Derecho, a los ojos de todo el mundo. Y, normalmente, prevalece la política, o sea el peso de los votos con que cuenta el Presidente de la República en la Cámara y en el Senado.

El tema de cómo juzgar a los altos funcionarios, incluido el jefe de Estado, o el jefe de Gobierno, no ha sido todavía inventado. Es imposible y diría que impensable que en casos que no son plenamente evidentes como crímenes, ilusionarse con la idea de que una decisión judicial puede evitar una confrontación política con graves consecuencias para el fraccionamiento de una sociedad y para la confianza frente a la rama más importante porque es la que decide sobre la libertad, los bienes y la reputación de un ciudadano. Y si se trata de un caso referido al político más influyente durante los últimos veinte años, como es Álvaro Uribe, no hay cómo evitar esa politización.

Entonces, es indispensable que el comportamiento de los jueces sea absolutamente impecable en todos los aspectos. Lo mismo hay que decir de los medios de comunicación, los partidos, el Gobierno y la sociedad toda. Considero, también, que ello es impensable, ilusorio.

Cómo distinguir en cada caso la naturaleza política de la meramente jurídica, no es fácil. Aún en los casos de corrupción o de un evidente abuso de poder es inevitable la politización del proceso.

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