Gobierno y oposición

Sí, la oposición y la protesta social son un derecho constitucional sagrado. Y, también, herramienta de lucha política. En nuestros días, una forma de conquistar el poder.

La así llamada estrategia boliviana fue eso. Evo Morales la utilizó para llegar a la presidencia. Ahí está y con ganas de quedarse. En Venezuela los que se tomaron el poder no llegaron para ver si los querían, para seducir con su retórica. Llegaron para permanecer y lo vienen demostrando desde hace buen tiempo y para enriquecerse. No es la primera vez que ocurre. No hay lugar para sorprenderse.

En la construcción del Acuerdo Final con las Farc, el punto tres fue el de la conversión de la lucha violenta, armada, en lucha política desarmada. Punto final a la combinación de todas las formas de lucha. Respeto a la vida. El desacuerdo como tema de la política y ésta enraizada en un acuerdo sobre lo fundamental, lo que contempla la Constitución.

Entonces, ¿cómo se tramita el desacuerdo? Por la vía electoral, por medio de la oposición parlamentaria, de la protesta social (vía extra parlamentaria), a través de los medios de comunicación. Y, claro, un dinero limpiamente obtenido para financiar estas actividades. Por supuesto, no el dinero resultante del criminal negocio de las drogas. Lo cual explica el debate internacional sobre ‘Santrich’ y otros, y alguna de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP.

Un Estatuto de Oposición ha reforzado los derechos ya existentes para esa actividad. La verdad es que desde Andrés Pastrana (1998-2002) la oposición gana las elecciones. Uribe gana como opositor. Y Santos, ya en la segunda vuelta, muestra que está construyendo una coalición que va más allá del uribismo. Y para su reelección, Óscar Iván Zuluaga opositor gana en la primera vuelta. Más adelante, el Centro Democrático (Uribe) gana el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz y, luego, gana en la primera y en la segunda vuelta el derecho de ejercer la presidencia.

En Colombia se dan dos comportamientos electorales diferentes que, hasta la gestión del presidente Duque, se convertían en la constitución de un partido presidencial, en virtud del clientelismo y la repartición de contratos y otras prebendas. El presidente Duque se ha negado a continuar esa práctica nefasta que ha destruido en gran parte la confianza de los ciudadanos en las instituciones y, cómo negarlo, en la vida política. Es la lucha frontal contra la corrupción.

La oposición no es, no puede ser, un mecanismo de obstrucción sistemática. Es la manera como las fuerzas políticas se preparan para convertirse en alternativa de gobierno. Pero no, otra vez, de un gobierno impotente o al que se le bloquearon sus facultades fundamentales. Ni gobierno omnipotente ni oposición que no deja gobernar. Es el juego civilizado entre estas formas de hacer política lo que le permite a una democracia ser fuerte y progresar.

Pero así no es el juego democrático. El que ganó tiene el derecho de implementar las políticas que anunció y las fuerzas de oposición todo el derecho de mostrar la inconveniencia de esas políticas y decisiones. Hay gobierno y oposición. Si el gobierno no puede gobernar el sistema político se bloquea. Y si cuando gane la oposición ocurre lo mismo, pues el sistema democrático habrá fracasado.