Financiación de campañas

Al parecer, va creciendo una escuela de pensamiento sobre la financiación de campañas -y en general la vida política-, responsable en gran parte del notorio deterioro de la transparencia en el quehacer gubernamental, en particular en la vida municipal y departamental.En consecuencia, una tesis que ha estado expósita por casi medio siglo, la de la financiación estatal total de las campañas políticas, ha renacido. ¿Será flor de un día? Como Ministro de Gobierno de la Administración Barco presenté una reforma constitucional que buscaba desterrar corruptelas que deformaban la democracia, creando apatía y cinismo entre los ciudadanos; así lo escribí en mi Memoria al Congreso Nacional (página 46). Sugerí reformar el artículo 47 de la Constitución, así: “Mediante ley aprobada por los dos tercios de los votos de los asistentes, podrá disponerse que el Estado asuma total o parcialmente los gastos electorales de los partidos. La ley podrá igualmente estimular el ejercicio de la función del sufragio”.Alfonso López Michelsen se había ocupado del tema en septiembre de 1966, principalmente refiriéndose al origen de los ingresos y egresos de cada partido; según dijo, para asegurar la “independencia de los partidos políticos”. Luis Carlos Galán en discurso en Medellín -marzo, 1983- habló de las cifras exorbitantes que estaban en juego “para alcanzar una curul, comprando votos y sirviendo intereses y privilegios, o favoreciendo a la delincuencia común o a la organizada, que busca impunidad…”. Esta controversia aparece y se desvanece. Ni empresarios ni políticos quieren que el mecanismo desaparezca. Prefieren que exista esta enorme rendija para ejercer influencia. Pero si miraran el sistema político en una perspectiva integral, pronto se darían cuenta de que están en error perverso. Con mayor razón en un país donde la política ha estado asediada por grupos armados ilegales, carteles de la droga y diferentes expresiones del crimen organizado.La legislación existente en Colombia al respecto, no solamente es floja sino que los mecanismos de control y fiscalización son realmente inoperantes; la investigación académica al respecto, muy precaria; y los que saben de primera mano lo que ha venido ocurriendo, convierten estos comportamientos en simpáticas anécdotas.Es un tema que me preocupa desde hace tiempo. Cuando regresé de realizar mis estudios de Ciencia Política en los Estados Unidos, el primer artículo que escribí se refería a este delicado asunto. Más adelante me tomé el trabajo de publicar un libro sobre el tema: ‘Financiación de Campañas Políticas’ (Ariel, Ciencia Política 1997). Lo actualicé en otro: ‘Narcotráfico, Financiación Política y Corrupción’ (Ecoe ediciones, 2010) y he contribuido con capítulos en publicaciones que recogen comparativamente experiencias de diferentes países. Todo ello, como una voz que clama en el desierto.La financiación estatal total de las campañas electorales es tema imperativo que no podemos continuar soslayando. Los datos alarmantes que da Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de la Infraestructura, sobre el direccionamiento de las licitaciones para obras públicas y que actualizó en su exitoso congreso en Cartagena la semana pasada, sugieren relación perversa entre financiación política y contratación, que se extiende también a la educación, la salud, etc.¿Qué más datos se necesitan para proceder a una reforma radical?