Ejecución

Ya se ha visto. La ejecución del Acuerdo de Paz está generando más suspicacias, dudas, reservas, preocupaciones que la propia negociación. Así quedó claro en el Foro ‘Colombia en el Fast-track, Primer Balance’, promovido por el Instituto de Ciencia Política y la Corporación para la Excelencia de la Justicia, el 27 de julio.

No obstante la sentencia de la Corte Constitucional, algunos siguen hablando de la ilegitimidad de la decisión del Congreso que dio vía libre al procedimiento legislativo especial para implementar los compromisos resultantes del Acuerdo. Semejante postura alimenta buena parte del desacuerdo existente. Lo propio se puede decir con respecto a algunas de las decisiones de la Corte Constitucional, aunque se reconoció la independencia que ella ha preservado ilustrada con la variedad de los fallos que igual declaran inexequibilidades o lo contrario, hacen precisiones o modulan.

Se reconoce la transparencia que ha existido en la publicación y debate, en algunos casos, en lo referente a las medidas legislativas, y se deplora que en la mayoría no ha sido así. Se dice que ha habido un déficit deliberativo que fue, precisamente lo que la Corte trata de remediar con la discutida sentencia en cuya elaboración participó, Carlos Bernal, el magistrado recientemente elegido.

No hay mal que por bien no venga. Tanta desconfianza ha dado lugar a la creación de diferentes grupos que están haciendo un seguimiento de la reformas constitucionales, de la leyes y de los decretos legislativos.
Esa tarea le permite a algunos afirmar que la propiedad privada puede estar en riesgo y al respecto se expresan dudas y perplejidades. En una frase síntesis, el exministro de Agricultura y dos veces de Hacienda, Roberto Junguito, refiriéndose al desarrollo rural se expresó así: “más economía y menos política”.

El tema más controvertido fue el de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Igual se hizo el más alto elogio que se dijo que era innecesaria y que la jurisdicción ordinaria habría podido asumir esa tarea. Que desconocía nuestra tradición jurídica. O que era un modelo único novedoso estudiado por países e instituciones interesados en la Justicia transicional. Que esta era la primera vez que una guerrilla aceptaba someterse a un tribunal de Justicia. Y una afirmación preocupante: que ni las Fuerzas Militares ni la guerrilla confiaban en la Justicia ordinaria. Y otra, no menos preocupante: que algunas solicitudes de la guerrilla se estaban tramitando con rapidez y favoritismo, mientras lo contrario ocurría con las peticiones de los militares. (¡¡!!) Y críticas y elogios al mecanismo acordado para la selección de los magistrados. Y lo propio para los criterios que determinarán su designación. No faltó quien dijera que la implementación le quedó grande al Estado.

Sugerí evaluar esta experiencia legislativa y seguir con cuidado lo que propone el nuevo presidente de Francia para acelerar la producción de leyes: menos legislación, un procedimiento para aprobar leyes que no son tan importantes y otro para evaluar anualmente con rigor leyes trascendentales, para así corregirlas, ajustarlas. Interesante.

Buen ejercicio que ayer viernes se complementó con la evaluación de lo que ocurrió en otro escenario: las movilizaciones que dieron lugar a los paros cívicos en Chocó y Buenaventura. La protesta desarmada. Líderes reconocidos como Víctor Hugo Vidal y el padre John Reina, convocados por Paula Moreno, presidente de Manos Visibles, se reunieron en la Universidad de los Andes con el beneplácito del rector, Pablo Navas, del decano de la Facultad de Economía, el distinguido profesor Cárdenas, y con la presencia en la sesión inaugural del ministro Murillo, del exvicepresidente Humberto de la Calle, la Representante de la CAF en Colombia, Carolina España, y el valluno voz de la Fundación Ford, el Dr. Luis Fernando Pérez.