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Derechos Humanos

Julio 09, 2021 - 11:50 p. m. 2021-07-09 Por: Fernando Cepeda Ulloa

Con bastante prevención leí el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son 187 parágrafos y 41 recomendaciones. No es la primera vez que hago este ejercicio. Como Ministro de Gobierno siempre estuve pendiente de los informes que Amnistía Internacional, HRW o Wola presentaban sobre la situación en Colombia. Bien pronto, el presidente Virgilio Barco decidió crear una Consejería para que se encargara del tema y tuviera interlocución de alto nivel, tanto internacional como al interior del país.

Álvaro Tirado Mejía fue el primer Consejero y no sobra recordar que él fue después designado como miembro de la Comisión Interamericana y de organismos relevantes en Naciones Unidas.

Debo decir, también, que Colombia ha sido un baluarte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su Sistema de Derechos Humanos. Y dos de sus más connotados dirigentes políticos, Alberto Lleras y César Gaviria, jugaron un papel fundamental en su reformulación tanto cuando se crearon las instituciones del nuevo orden internacional en la posguerra como cuando terminó la guerra fría. Y como Embajador que fui durante un año, cuando César Gaviria era secretario general, tuve la mejor disposición frente al sistema de Derechos Humanos como que así reflejaba la actitud histórica de Colombia.

Las siguientes son mis conclusiones después de la lectura del Informe. En primer lugar, me parece que se han hecho comentarios que no coinciden con una lectura apropiada del texto. Entiendo que al no mencionar en detalle los atropellos y los despliegues de violencia que han asombrado a la opinión pública, este silencio genere una crítica al informe. Pero son varias las referencias concretas que se hacen a los comportamientos violentos.

Y podría decirse que así como algunos parágrafos condenan el uso de armas de fuego por la Fuerza Pública ello debe ir acompañado de una condenación igualmente contundente a los grupos violentos que usan dispositivos incendiarios, armas blancas, etc. El informe elogia algunas decisiones del Estado y de la Alcaldía de Bogotá (ps.71, 72) de la misma manera que recomienda una Ley Estatutaria regulatoria del uso de la fuerza (p.55).

Anota que recibió informaciones, relatos y denuncias pero siempre deja en claro que fue lo que le dijeron. Tal vez el Gobierno podría deplorar que la Comisión condene las violaciones denunciadas sin haber verificado su veracidad pero bien podría entenderlo como una condenación a situaciones hipotéticas, y no comprobadas. Los párrafos a partir del 46 sólo recogen esas denuncias y más adelante, ocurre lo propio al referirse a las violaciones contra indígenas, afros, mujeres o las que de carácter etno-racial ocurrieron en Cali y Cauca o aquellas que pudieron sufrir periodistas o ambulancias y otros servicios de salud. (pg.99, sigs).

Son varias las solicitudes para que se promueva una Ley estatutaria sobre los bloqueos y la protesta social (pgs. 151, 161, 163).

Las recomendaciones, como lo ha dicho el presidente Duque, en buena parte están en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia. No sobra refinarlas. Difícil que en dos días esta Comisión capte la razón de ser de la relación entre la Policía y el Ministro de Defensa, tema que llevamos debatiendo hace más de 30 años. Muy apropiada la recomendación de crear un grupo de expertos negociadores. Vivimos tiempos de máxima conflictividad.

Y el mecanismo de seguimiento…

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