Privilegios

Privilegios

Marzo 26, 2019 - 11:50 p.m. Por: Emilio Sardi

Colombia es reconocida por su gran desarrollo jurisprudencial en materia de derechos indígenas, lo que no pueden negar ni los politicastros oportunistas que aparecen ahora con sus discursos y retos en las concentraciones indígenas. Nuestra Constitución tiene, además de los artículos generales de derechos, garantías y reglas que aplican a todos los colombianos, al menos 17 artículos sobre temas específicos relativos a asuntos indígenas y étnicos. Y somos el país que aplica con mayor rigor las consultas previas definidas en el Convenio 169 de la OIT a proyectos que afectan a alguna comunidad étnica. ¡Ya quisieran todos los otros grupos poblacionales o las regiones ser consultados tan rigurosamente cuando los impactan las actuaciones del Estado!
Colombia es uno de los países que más territorio ha reconocido a los pueblos indígenas. El 30% del territorio nacional, más de 34 millones de hectáreas, está titulado en forma de resguardo indígena, para una población indígena que apenas llega al 3,4% de los colombianos. La propiedad de las tierras comunales de grupos étnicos y de las tierras de resguardo es inalienable, imprescriptible e inembargable, condiciones estas que nadie más tiene en el país.

Además de lo anterior, la Corte Constituyente ha usado como marco de interpretación el contenido de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, documento de recomendaciones frente al que muchos países dejaron todo tipo de reparos, que no es un tratado ni es vinculante. Con ello, dicha declaración ha comenzado a tomar fuerza en el país, con todos los privilegios a favor de los pueblos indígenas y discriminación contra los demás colombianos que eso conlleva.

Por todo lo anterior, lo que está sucediendo con la ‘minga indígena’ en el Cauca es inaceptable. No se puede permitir que unas comunidades decidan plantear sus peticiones al Estado por medio de acciones de fuerza que atentan contra los derechos del resto de la población. Las declaraciones de la ONU y de la OEA son claras en que los derechos de los pueblos indígenas nunca pueden interpretarse “en el sentido de que autorizan o alientan acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”. Como también establecen que en el ejercicio de tales derechos “se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos”.

Los participantes de la minga en curso no solo atentan abiertamente contra los derechos de quienes no pertenecen a esas comunidades sino que generan bloqueos territoriales que menoscaban nuestra integridad y la unidad del Estado. Colombia es una República unitaria y no una federación de naciones indígenas. Nuestro modelo de país permite y protege la diversidad, pero busca también la unidad alrededor de los fines de la Nación colombiana.

Los derechos humanos no pueden estar condenados al relativismo cultural, pues pese a las decisiones arbitrarias de una Corte que legisla, algunos marcos generales de la Constitución siguen vigentes. Cientos de miles han visto violados sus derechos al trabajo, a la movilidad, a la salud, a la alimentación, a la unidad familiar, por voluntad de quienes manejan estos bloqueos. El Estado no puede tolerar la violación impune por esta minga de derechos contra los colombianos de las regiones afectadas y debe actuar.


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