Penas y procedimientos

Noviembre 30, 2021 - 11:50 p. m. 2021-11-30 Por: Emilio Sardi

Ha tenido gran acogida el proyecto de ley presentado por el Gobierno para endurecer las penas por la comisión de varios delitos contra los ciudadanos, particularmente cuando sus autores son reincidentes. Y no es para menos. En este país de gente con opiniones tan diversas, el común denominador en las preocupaciones del diario vivir que une a los colombianos es la angustia ante la tremenda inseguridad que crece a lo largo y ancho de su geografía.

Mientras los ciudadanos se sienten cada vez más acorralados por los bandidos, aumenta su indignación por la ineficacia de la justicia y la consecuente impunidad que deja libres a los delincuentes que son capturados por las autoridades, aún en flagrancia. Las leyes que debieran proporcionar bases sólidas para el actuar de las autoridades en la defensa de la seguridad ciudadana, lejos de servir para tal fin, propician su continuo deterioro. El nuestro es un país donde existe la impunidad por ley. Por eso es tan plausible la medida del Gobierno.

Plausible, pero no suficiente, porque el problema no está solo en las penas para quienes violen las leyes. Ellas, sin duda, deben ser modificadas como lo propone el proyecto presentado por el Gobierno.
Pero los procedimientos también requieren urgentemente ser modificados. Porque la verdad es que es el sistema penal acusatorio, como un todo, lo que no funciona.

Así lo declaró hace apenas unas semanas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, agregando que los procesos de investigación de la Fiscalía no dan los resultados esperados, refiriéndose a la situación que se presenta porque la mayoría de las personas que son capturadas por la Policía son dejadas en libertado por los jueces. En su consideración, es la Fiscalía quien está cometiendo errores en la imputación.

Esta apreciación puede ser cierta en buen grado, pero no es necesariamente justa. El hecho es que las cargas impuestas para llevar adelante los procesos son tan exageradas y los tiempos son tan cortos que muchas veces les es imposible a las autoridades cumplir con todos los requisitos de un sistema ultragarantista y desaforadamente leguleyo.
Son las normas impuestas por la Ley 906 de 2004 las que no funcionan.

El presidente del Colegio de Abogados penalistas de Colombia, por su parte, compartió las críticas al sistema, concluyendo “Ya llevamos 15 años dándole espera a un sistema penal acusatorio que nunca funcionó” “Creo que desde el día uno se sabía que este sistema no iba a funcionar, creo que lo que hemos hecho es simplemente darle largas a un sistema en crisis. Si se tratara de tomar soluciones de fondo, habría que ya reconocer que fracasó y regresar a lo que teníamos antes, que era muchísimo mejor”.

Abogados como el eEx Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez lo han reconocido: “El sistema no está preparado para llevar a cabo el sistema oral como está previsto, y adicionalmente porque la estructura legal del procedimiento contempla una cantidad de audiencias que hace prácticamente imposible adelantar procesos penales”. Según Martínez, la cantidad de audiencias previstas ha transformado el proceso en uno “kakfkiano, que ha hecho colapsar totalmente el sistema acusatorio”.

Los hechos son claros: Además de ajustar las penas, es absolutamente indispensable cambiar el sistema impuesto por la Ley 906 de 2004. Es urgente que el Gobierno también presente ese proyecto.

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