Megaerrores

Cuando el Concejo de Cali aprobó en 2008 el listado de las mal llamadas 21 Megaobras, se estimaba su costo en $680 mil millones. Este costo fue ajustado en 2009 a $960 mil millones, de los cuales a los ciudadanos se les cobraría por valorización $822 mil millones y el saldo sería cubierto por Emcali. De ese listado se iniciaron dentro de los plazos legales obras cuyos costos se estimaron en $520 mil de los $822 mil millones que se iban a cobrar por valorización. Es decir, se iniciaron legalmente obras equivalentes al 63% de lo cobrado.Hoy se piensa que las expectativas de cobro a los caleños por esta supuesta ‘valorización’ podrían haber crecido de $822 mil a $950 mil millones. Sin embargo, tanto las normas legales nacionales y municipales como el propio Acuerdo que aprobó dicho cobro estipulan que no se les debe cobrar a los contribuyentes lo correspondiente a lo no iniciado dentro de los términos legales, o sea $350 mil millones, el 37% de ese monto. Para obrar dentro de ley, el Municipio no podrá cobrarles esa porción a quienes aún no han cancelado su contribución y deberá devolvérselas a quienes ya lo hicieron.Que nadie sepa cuándo se van a concluir ni cuánto van a costar las obras que se iniciaron dentro de los plazos legales con un costo estimado de $520 mil millones es otra cosa. Como era de esperar de unas obras en cuyo proceso de aprobación se violaron todas las normas de orden nacional y municipal, y que se contrataron sin diseños ni presupuestos serios, mediante oscuros mecanismos que buscaron obviar las normas de contratación estatal, sus costos reales están disparados y hay quienes estiman que superarán el billón de pesos. La diferencia entre lo que finalmente cuesten y los $600 mil millones que los contribuyentes deben aportar por ellas la acabará pagando el Municipio, es decir los caleños, de sus fondos comunes.Hasta ahí lo pasado, que es pésimo. Aún peor es continuar por la misma senda. Extrañamente, en vez de enfrentar estos hechos con la claridad y decisión debidas, se pretende revivir las obras del listado inicial que no se iniciaron dentro de los términos legales, y el Concejo acaba de aprobar unas vigencias futuras con las que se aspira a resucitar ese muerto que huele tan mal. Con esto se cometen dos errores serios: atados a un pasado oscuro, se les da prelación a esas obras sobre otras que la ciudad puede estar hoy necesitando más, y, más grave aún, se corre el riesgo de violar nuevamente la ley, como lo señalaron los cinco concejales que votaron negativamente esas vigencias futuras.Tampoco es claro de cuánta plata se está hablando ni de dónde saldrá. Sobre unos diseños que supuestamente se han hecho pero que nadie conoce, se estima que las obras que no se iniciaron dentro del plazo legal y cuyo costo se estimaba en $302 mil millones costarán ahora $808 mil millones. Con seguridad será más. Las vigencias futuras aprobadas suman $380 mil millones y con ellas simplemente se busca, en una forma que no es claramente legal, cobrar la valorización que, por no haber cumplido los términos, no se puede cobrar. ¿Y el resto? De estos oscuros eventos sólo salen airosos los concejales Patricia Molina, Juan Carlos Olaya, John Michel Maya, John Jairo Hoyos y Roy Alejandro Barreras, quienes defendiendo la ley y los intereses de los caleños votaron en contra. Reconforta que los jóvenes actúen con inteligencia y probidad.