La crisis de los masivos

Uno de los factores que más ha contribuido al deterioro de la movilidad en las grandes ciudades colombianas es el pésimo desempeño de sus Sistemas Integrados de Transporte Masivo (Sitm), comúnmente conocidos como ‘masivos’. Ninguno presta un buen servicio, y todos adolecen de insuficiente cobertura, baja frecuencia de rutas, sobrecupo, inseguridad y demoras en transbordos. En Cali la situación ha llegado al punto en que solo 20% de sus usuarios aprueba su servicio y 64% de los caleños considera que el MÍO presta peor servicio que los vetustos e inseguros vehículos colectivos que aún circulan, pero el problema es general. A nivel nacional sólo el 26% de los usuarios dice estar satisfecho con este servicio.Todos estos sistemas tienen en común un esquema en el que el Estado invierte cuantiosos recursos para construir infraestructuras y unos pocos empresarios privados son los operadores del servicio. A esta peligrosa mezcla se le añade que se exige la autosuficiencia de la operación. El artículo 14 de la Ley 86 de 1989 estipula que “Las tarifas que se cobren por la prestación del servicio de transporte masivo deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento y reposición de los equipos. En ningún caso el Gobierno Nacional podrá realizar transferencias para cubrir estos costos”, exigencia ratificada en los Conpes que han aprobado los Sitm. Con esa lógica, y con operadores privados que deben buscar una rentabilidad en su inversión, no es posible que existan suficientes buses, rutas, y frecuencias adecuadas para todos los niveles de demanda. La búsqueda de utilidad financiera y la realidad de la naturaleza de un servicio que nunca será autosuficiente van en contravía de una atención universal y de calidad.La naturaleza especial del transporte masivo ha sido reconocida en el mundo, y por eso el modelo imperante es el de la financiación pública de la inversión y de la operación. Es un servicio público esencial, que generalmente es subsidiado con recursos públicos porque es indispensable ofrecer movilidad a quienes no tienen vehículos propios y por los beneficios sociales y económicos que genera. Con este criterio, el Estado asume el manejo del transporte masivo de forma integral, y puede además asegurar recursos para subsidiar su costo, pues solo con las tarifas de pasajeros no es posible pagar totalmente su operación ni el desarrollo de la infraestructura. En sistemas masivos de gran demanda como el de Nueva York, los pasajes cubren apenas 2/3 partes del costo operativo, y esta es la tasa más alta de recuperación en Estados Unidos. En Boston, ese porcentaje es del 44%; en Nueva Jersey, el 41%; en Cleveland, el 21%, y en Miami-Dade, el 16%. ¡Y en Colombia debe ser el 100%!La única forma como Colombia puede atacar de base su desbocado problema de movilidad urbana es desarrollando en todas sus ciudades Sitm realmente públicos, como en el mundo civilizado, verdaderamente universales y que presten un buen servicio a toda la ciudadanía. Esto nunca sucederá con el esquema resultante de la aplicación del marco legal de la financiación del transporte masivo contenido en las Leyes 086/1989 y 310/1996. Esas leyes deben ser reformadas integralmente pues han conducido a un modelo perverso que ha demostrado su total inoperancia y sólo ha servido para incentivar la compra de motos y carros.