Institucionalidad y empleo

Colombia cumplió un mes bajo el ataque más feroz que haya sufrido en su vida republicana su población, su aparato productivo y su institucionalidad, por cuenta de unas protestas violentas disfrazadas de pacíficas que tienen acorralada a la ciudadanía. Como pareciera que el Gobierno está iniciando acciones contra este criminal ataque, vale la pena considerar lo que deberá hacerse, una vez lo acabe, para reparar la enorme destrucción de bienestar y creación de pobreza que ha causado.
Obviamente, lo primero es recuperar la institucionalidad perdida. Por importante que sea, el derecho a protestar no está por encima ni, mucho menos, anula, los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la movilidad de los colombianos. Lo que ha sucedido aquí es atroz y no puede ser repetido. No es aceptable que se cause tanto daño, tanto dolor y tanta pobreza con ese cuento, y mucho menos por motivaciones tan claramente políticas.

Lo segundo es buscar atender los justos reclamos de quienes participaron inocentemente en la limitada faceta pacífica de la protesta. Esto se resumen en la búsqueda de equidad y, concretamente, de posibilidades de desarrollo personal y económico. Para ellos, la respuesta es educación y empleo. El bienestar no se logra a través de limosnas disfrazadas de ‘subsidios’ sino creando oportunidades de trabajo que les den a los ciudadanos posibilidades reales de vivir y crecer dignamente.

El desarrollo de un sector empresarial fuerte es lo único que conduce a una generación de empleo sana. Por eso, el Gobierno debe establecer planes concretos para incentivar y apoyar en serio la creación y el crecimiento de empresas, particularmente pequeñas y medianas. Ellas y los emprendimientos personales son las que tienen la flexibilidad para moverse rápidamente, para adaptarse y superar las dificultades, y para aprovechar con celeridad las oportunidades de crecimiento. En ellas está la rápida generación de empleo que se requiere.

Del empleo de las grandes, con sus procesos más lentos y su mayor fortaleza, se ocuparán ellas mismas. Y del cuento de generar trabajo, a través de contratación estatal, debe quedar claro que esos son subsidios disfrazados que todos pagaremos, incluyendo su porción de corrupción y politiquería. ¡Cuando lo que hay que hacer es bajar el gasto público!

El Gobierno debe implementar acciones de fondo para salvar el tejido empresarial devastado por las medidas tomadas a raíz de la pandemia y, ahora, por los bloqueos. Es esencial restaurar la capacidad mermada, recuperar las empresas perdidas y estimular el inicio y reinicio de las pequeñas y medianas empresas.

Y, sobre todo, debe controlar su voracidad fiscalista. Durante este negro mayo, los bloqueos y la violencia desbordada robaron a los colombianos más de quince billones de pesos, un tercio en el Valle y el Cauca.
Despojarlos de una suma parecida con nuevos impuestos no ayudará en nada a reactivar la economía y a recuperar empleos. Y si para evitarlo se requieren medidas que se aparten de la ortodoxia económica colombiana, que ha mantenido al país en vías de desarrollo por medio siglo, habrá que tomarlas.

Porque debe quedar claro: sin institucionalidad no es posible generar empleos, y sin empleos es muy difícil mantener la institucionalidad. Una vez restaurada esta, el objetivo clave es la recuperación de los empleos.
​