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Fracking

Noviembre 17, 2020 - 11:50 p. m. Por: Emilio Sardi

El Consejo de Estado acaba de recibir los alegatos de conclusión a favor y en contra de anular el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que regulan el fracking en Colombia. Como era de esperarse, los argumentos presentados por los partidarios de la permanencia de las normas, entre los que están Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, son de gran fortaleza técnica y de indiscutible solidez lógica. Y los presentados por el variopinto grupo de partidarios de su anulación se basan en apocalípticas afirmaciones sobre hipotéticos daños cuya relación con la realidad es tenue o inexistente.

Al carecer de bases serias, quienes se oponen a que se use el fracking para aprovechar el potencial petrolero del país invocan el socorrido ‘principio de precaución’, que, como es sabido, da para justificar cualquier actuación. Como a nadie se le reprocha la precaución, basta con pintar dantescos escenarios de daños imaginarios, sin probar que tengan conexión alguna con la realidad, para justificar las más extravagantes pretensiones. O, como lo hizo la Corte Constituyente, para sentenciar a la muerte y mutilación en la erradicación manual de la coca a centenares de inocentes soldados y campesinos.

Pero estos adalides del ‘principio de precaución’ no lo aplican para analizar el daño que sufriría Colombia si, por no usar el fracking, pasa de ser un exportador a un importador de hidrocarburos. Bien sea por su miopía ideológica o por algún secreto propósito de exacerbar los problemas socioeconómicos del país, prefieren no tomar este evidente daño en consideración. Pues bien, es necesario hacerlo.

Es innegable la importancia de la producción petrolera para el bienestar de los colombianos. Tanta que no sería extraño que ella fuera, realmente, lo que atrae a quienes buscan bloquear el fracking. En 2019, las exportaciones de crudo ascendieron a US$13 mil millones y fueron la principal fuente de divisas del país, 32% del total exportado. De no contar con ellas, Colombia no podría atender sus necesidades de importación, desde materias primas hasta alimentos, de los cuales, gracias a los TLC, pasamos de importar 4 millones de toneladas a 14.
Situación que se agravaría al no poder cubrir las necesidades locales de combustible, lo que se estima que nos obligaría a importar US$8550 millones para 2030, dado que el país cuenta hoy con sólo 6 años de reservas.

Y en cuanto a la sostenibilidad fiscal, basta señalar que Colombia debería prepararse, entonces, para la reducción y eventual desaparición de ingresos fiscales por conceptos de regalías, de impuestos y de dividendos de Ecopetrol, que ascendieron a $26,2 billones en 2019, 10% del presupuesto de la Nación, y serían mayores con mejores precios del crudo. Y las regiones a perder cerca de $2 billones en regalías. Dinero todo este con el que no se contaría para la atención de las necesidades sociales y de desarrollo del país, porque con seguridad los políticos y académicos enemigos del fracking no se rebajarán sus ingresos para atenderlas.

Es evidente que ceder a las invectivas de quienes se oponen al fracking tendría efectos desastrosos para los colombianos. Estos efectos debieran ser suficientes para invocar, ahora sí correctamente, el principio de precaución. No es posible que, por satisfacer los furores ideológicos de algunos, se vaya a permitir semejante daño a la Nación.

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