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El comité de la muerte

Mayo 18, 2021 - 11:50 p. m. 2021-05-18 Por: Emilio Sardi

Completamos ya en el Valle del Cauca y el Cauca tres semanas en medio de la mayor ola de anarquía y violencia que Colombia ha conocido durante las vidas de quienes hoy la habitan. Durante ese lapso, quienes sobrevivimos en estas abandonadas regiones hemos visto violentados todos nuestros derechos fundamentales.

Inermes ante la barbarie, aquí los ciudadanos hemos sido despojados de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la propiedad, a la paz o a la libre circulación. Aquí solo se hace lo que permita el autodesignado ‘comité de paro’, que se ha declarado interlocutor de las autoridades legítimas, y las fuerzas delincuenciales que merodean a su alrededor.
Comité este que, por cierto, bien merecería conocerse como el de la muerte, en virtud de los daños y víctimas que sus acciones e intransigencia han ocasionado.

Los perjuicios generados por esta agresión han sido monumentales. A nivel nacional se han perdido ya más de diez billones de pesos, más de un tercio de ellos en esta región. Se han devastado violentamente cadenas alimenticias como la avícola y la porcícola, con lo que no solo se ha generado hoy escasez en alimentos de alto consumo popular sino que se ha garantizado que esa escasez se prolongue por años, con el consiguiente encarecimiento de la canasta familiar y daño para los pobres.

Aún peores que los daños económicos, son las pérdidas en vidas, en salud y en bienestar de los colombianos producidas por los criminales bloqueos en los que se ha basado el paro. Además de las lesiones y decesos generados en las revueltas y bloqueos que se han orquestado a su alrededor, el daño humano es brutal. Los hospitales no tienen oxígeno, sangre ni recursos para hacer cirugías ni trasplantes. Los pacientes de cáncer no pueden recibir quimioterapias, como los diabéticos no pueden recibir diálisis. ¡Y hasta ha habido pacientes asesinados en las vías por bloqueos que han impedido el paso de las ambulancias que los transportaban!

Figura central en todos estos daños ha sido el tal ‘comité de paro’ o, más precisamente, de la muerte. Ese ‘comité’ ha mantenido una continua ofensiva basada en una inacabable e inalcanzable lista de solicitudes, usada para darles pie a las actuaciones de los actores abiertamente ilegales, a pesar de su casi nula representatividad. Sus líderes son los representantes de las centrales sindicales que, según la Escuela Sindical Nacional, agrupan a cerca de un millón de personas, poco más de 4% del personal ocupado formalmente en Colombia, apenas cerca de 2% de la fuerza laboral nacional. ¡Y es risible nada más pensar que esos vetustos ancianos representen a la juventud colombiana!

Pero el tema no es de risas. Es muy serio, pues los daños han sido graves y generalizados. El Código Penal ordena penas de prisión para quienes obstruyan vías públicas que afecten el orden público. Y el mismo Código, en su título sobre delitos contra la existencia y la seguridad del Estado, más específicamente entre los delitos de traición a la patria, determina serias penas de prisión para quienes menoscaben la integridad nacional.
Lo mínimo que deben hacer ahora las autoridades competentes es investigar tanto las acciones de este ‘comité’ como las de todos los involucrados en los acontecimientos que durante las últimas semanas le han hecho tanto daño a Colombia, para fijar responsabilidades y establecer castigos.

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