Cuadrando el presupuesto

Cuadrando el presupuesto

Diciembre 04, 2018 - 11:50 p.m. Por: Emilio Sardi

El recaudo por concepto de IVA creció de 30,6 billones de pesos en 2016 a 37,5 en 2017, y superará los 40 en este año, para un aumento de más de 35 % en dos años. Por su parte, el recaudo por impuesto de renta subió de 43,4 billones en 2016 a 56,6 en 2017 y probablemente llegará a 80 en 2018, creciendo más de 80 % en ese lapso. Y ahora, para cuadrar el presupuesto que dejó el gobierno que acaba de terminar, el Gobierno y el Congreso les anuncian a los dos millones de contribuyentes que cargan ese pesado fardo que les impondrán un nuevo aumento de 7,5 billones.

Este aumento de los impuestos a niveles confiscatorios es absurdo cuando se tiene en cuenta que el Estado dispone de muchos otros mecanismos para cuadrar el presupuesto. El primero de ellos es, obviamente, reducir su tamaño. Sobran decenas, centenas de miles de burócratas que no producen nada fuera de sobregasto, corrupción y trabas para el sector productivo. Y hay que acabar el contrabando, que, además de destruir la producción nacional y afectar el empleo, es uno de los medios del narcotráfico para traer sus fondos. Como también hay que enfrentar ya la corrupción que corroe el Estado. ¿O es que los obscuros personajes que reciben bolsas y maletas llenas de fajos de billetes corren a pagar impuestos sobre sus mal habidos ingresos?

Pero hay, además, otras acciones que pueden representar gigantescos ingresos para el Estado e inexplicablemente se ignoran sistemáticamente. De acuerdo con el Gobierno, “el pasivo por sentencias y conciliaciones en contra de la Nación ha acelerado su crecimiento en los últimos años, llegando en 2017 a $7,6 billones”. Este pasivo corresponde a sentencias y laudos ejecutoriados que causan intereses a “tasas de interés cercanas a usura (que rondan el 30 %)”. Es obvio que si el Estado emite bonos y cancela esa deuda con su producido, el ahorro en intereses se acercará a $2 billones anuales.

Otra fuente de ahorros está en la identificación clara de las poblaciones vulnerables que deben recibir subsidios. En el régimen subsidiado de la salud, por ejemplo, los afiliados pasaron de 21,5 millones en 2010 a 22,6 millones en 2018, mientras que 2,7 millones de personas salieron de la pobreza extrema y 4,7 millones salieron de la situación de pobreza monetaria. La disparidad en estas cifras, particularmente a la luz del censo, evidencia el exceso en el número de afiliaciones a este régimen.
Como el Estado reconoce una UPC de $719.690 por afiliado al régimen subsidiado, descartar los 2 o 4 millones de personas que no existen o no deberían estar allí ahorraría $2 o 3 billones anuales.

En el caso de los bienes ilícitos pendientes de extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales SAE administra aproximadamente 20.000 bienes inmuebles en todo el país, a los que se suma un número mucho mayor de bienes muebles y otros. De acuerdo con el Fiscal General, solo lo incautado en los últimos dos años vale más de $12 billones, y la realidad es que el valor total de estos bienes excede varios centenares de billones de pesos. Es hora de superar la ineficiencia administrativa, la corrupción, la imposibilidad de lograr decisiones judiciales, la lentitud, el desgreño, y las artimañas que emplean las organizaciones criminales que han impedido que la sociedad colombiana pueda de una vez por todas vender esos bienes ilegítimos y recuperar billones que necesita el país.

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