Criminalidad por ley

Criminalidad por ley

Agosto 13, 2019 - 11:50 p.m. Por: Emilio Sardi

Si en algo existe consenso en Colombia es sobre la gravedad del problema de la inseguridad ciudadana. Es la principal inquietud de los colombianos, quienes con creciente ansiedad claman por una mayor protección por parte de las autoridades. Ignoran ellos en su angustia que difícilmente podrán las autoridades darles mayor protección que la precaria que hoy reciben, pues aquí no es la ciudadanía sino la criminalidad la que está protegida por la ley.

Lo cierto es que en Colombia lo que hay es criminalidad por ley, y esa ley, o mejor dicho esas leyes, tienen nombre propio: son las 890 y 906 de 2004 y la 1098 de 2006, con sus variadas modificaciones posteriores. La Ley 906 de 2004, que es la peor, estableció en Colombia lo que se llamó el sistema acusatorio oral. La 890 cuadró, a su turno, el Código Penal que se aplicaría bajo la tenebrosa 906, y la 1098, o ‘ley de infancia y adolescencia’, es la que mantiene fuera del alcance penal a los delincuentes menores de 18 años.

A los dos años de entrar en vigencia esas deplorables leyes, los crímenes denunciados se habían cuadruplicado, y no precisamente porque se hubieran cuadruplicado los delincuentes sino porque empezaron a soltarlos tan pronto los capturaban, como ellas ordenan. Y la situación empeora con el correr de los días. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación informó que el 47% de los 215.590 capturados en 2018 habían tenido capturas previas, porcentaje que se eleva al 56% para los capturados por hurto. El incentivo de estas leyes para reincidir es tal, que algunos de estos delincuentes acumulan ya más de cincuenta capturas. De hecho, ni siquiera la reincidencia en la comisión de los delitos es agravante que obligue al juez a decretar la cárcel.

Hace ya casi diez años el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestaba: “Todos los días capturamos, todos los días recuperamos objetos que han sido hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se presentan frente a los fiscales y jueces para que procesen a los responsables de los delitos. A diario hacemos la tarea con entrega y sacrificio”. Y a diario, con igual regularidad, los jueces soltaban, y hoy sueltan, a los capturados. Porque así lo ordenan esas perversas leyes.

Lamentablemente, las soluciones que se proponen para esta crisis que está haciendo invivible al país como aumentar el pie de fuerza de la Policía, incrementar la vigilancia o prohibir el parrillero, no atacan la raíz del problema, que es jurídico. Es cierto que los comportamientos bochornosos de algunos jueces y, en particular, de nuestras altas Cortes explican el bajo concepto que la ciudadanía tiene de nuestra justicia, pero esta vez la culpa no está en ellos sino en las leyes que deben aplicar. Hoy, las leyes que debieran respaldar a las autoridades en su defensa de la seguridad ciudadana, lejos de servir para este fin, propician su continuo deterioro. Literalmente vivimos en un país donde la creciente criminalidad es fruto de la ley.

Mientras rijan las leyes 890 y 906 de 2004, junto con la 1098 de 2006, la impunidad y la inseguridad seguirán reinando en Colombia. Urge que el Gobierno presente a consideración del Congreso modificaciones sustantivas a esas malhadadas leyes que les dan todas las garantías a los criminales y se las niegan a los ciudadanos de bien. El presidente Duque debe entender que todo lo demás es paja.

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