Contratando graduados

Además de legítima, la aspiración de la juventud colombiana a una educación superior de buena calidad es compartida por la mayoría del país. La educación es el mecanismo más potente que tiene la sociedad para reducir la inequidad en el país y aumentar su productividad, y es claro el beneficio general de que exista el mayor acceso posible a ella.

Con el fin de disponer de más cupos en las universidades estatales para atender adecuadamente esta demanda, el primer paso debe ser disminuir el tiempo durante el cual los estudiantes permanecen en ellas.
Es absurdo que, como señalé en mi columna anterior, un estudiante tarde de dos a cuatro años más en graduarse de una universidad estatal que lo que tardaría en graduarse de una no oficial.

Esa excesiva permanencia de estudiantes en las universidades oficiales tiene dos efectos perversos. El más evidente es que le cuesta mucho más al país graduar a los estudiantes en las universidades oficiales que lo que cuesta graduar a los de las no estatales. Pero el peor es que ese estudiante que no se gradúa con la debida prontitud bloquea un cupo para otro joven que también tiene la justa aspiración a esa educación.
Como dice el argot popular, ese ni raja ni presta el hacha. ¡Lo cierto es que los primeros destinatarios de los reclamos juveniles deberían ser los estudiantes que se perpetúan en las universidades oficiales, desangrando el fisco y privando a otros muchachos de la oportunidad de estudiar y tener un mejor futuro!

Pero es necesario ahondar en el análisis y examinar lo que sucede una vez que los estudiantes se gradúan. Y lo que sucede es que las tasas de empleabilidad y los ingresos tienden a ser inferiores para los egresados de las universidades oficiales.

Partiendo de los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, se encuentra que, en promedio, los recién graduados de las universidades oficiales tienen una tasa de empleabilidad del 74,2%, frente a la de 82,4% de los egresados de universidades no estatales, llegando a ser tan bajas como solamente el 65%, en el caso de alguna de las primeras. Además, los salarios de enganche son también substancialmente más bajos para quienes egresan de las universidades estatales, con un promedio en $1,5 millones, frente a los $2,2 millones que ganan quienes se gradúan de las no estatales.

Obviamente, las diferencias en empleabilidad e ingresos entre los graduados de los dos tipos de universidades, las oficiales y las no oficiales, obedecen a la percepción que tienen los contratantes de la educación impartida por las oficiales. El vicio del sistema es completo:
los estudiantes de universidades estatales en Colombia no se gradúan a tiempo, privando a otros jóvenes de las plazas necesarias para educarse; graduarlos le cuesta más al Estado de lo que costaría si se educaran en universidades no estatales, y reciben una enseñanza que les dificulta generar, a través de la generación de ingresos, una retribución a la inversión que la sociedad hace en ellos.

Tienen razón los jóvenes cuando protestan en defensa de mejores oportunidades de educación y empleo. Pero deberían enfocar esa protesta en la dirección correcta: contra quienes ocupan por períodos excesivos los cupos disponibles y hacia quienes operan un sistema educativo estatal que, recibiendo sumas ingentes, no los prepara adecuadamente para las exigencias del mercado laboral colombiano.
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