Amarrando el burro

Desapercibidos, como es su uso, los empresarios colombianos claman por el inicio del TLC con EE.UU., sin darse cuenta de que este ya llegó. Así por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, de la mano de la Cámara Colombo Americana, acaba de producir furtivamente un manual de patentes que viola la normatividad andina que nos rige, para permitir nuevos monopolios farmacéuticos. Y para preservar otros, la oficina comercial de los EE.UU., pretende interferir en la definición de una norma de carácter estrictamente sanitario, como es la que gobernará el registro de los medicamentos biotecnológicos.De mayor envergadura es la orden que los sindicatos estadounidenses le han dado al Gobierno colombiano de acabar las cooperativas de trabajo asociado. En cumplimiento de ella, el Ministro de Trabajo recientemente hizo pública la imposición de multas por $11.700 millones a una empresa palmera, a cinco cooperativas y a una empresa de servicios temporales, por supuesta ‘intermediación laboral’. Que haya multado así a una empresa del grupo Luker, reconocido por su apego a la ley, la seriedad de su gestión y su responsabilidad social, en la víspera de su viaje a Washington a rendir cuentas sobre los temas laborales de la ‘implementación’ del TLC, muestra cuánto necesitaba llevar algún trofeo a ese examen.El sector agrícola ha empleado la figura de las CTA como un mecanismo de trabajo asociado para atender labores que, por su esencia, son temporales y que requieren destrezas o conocimientos distintos. En el campo, las CTA brindan la flexibilidad necesaria para permitir el desempeño de esas tareas temporales y asegurar al mismo tiempo a sus asociados mayor estabilidad en sus ingresos. Con esa multa y 250 investigaciones en curso, el Ministerio de Trabajo está anunciando que la figura ya no va más.La justificación oficial para esas medidas es que ‘la Ley cambió’, pero no se ha explicado por qué cambió. No se ha dicho por qué, si algunas cooperativas cometían abusos, no se fortaleció el control y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la Ley, en vez de acabar con todas. Como tampoco se ha dicho que no es coincidencia que las investigaciones del Ministerio se enfoquen a sectores que también tienen que ver con el TLC, como la floricultura y los puertos.Los sectores con potencial exportador o que enfrentarán competencia de productores norteamericanos serán los primeros afectados. Y así, mientras no exigimos a EE.UU. obligaciones naturales como hacerse parte de los convenios de la OIT que Colombia ha ratificado y ellos no (60 contra 14), o reducir subsidios, o fortalecer la protección de los migrantes que allá trabajan en sectores agrícolas, Colombia acata todas las medidas impuestas para acabar con la competitividad de su aparato productivo. Esto es apenas lógico: el período de ‘implementación’ del TLC no es para amarrar al tigre sino para amarrar al burro.Es irónico que el Gobierno acabe con estas cooperativas, sin tener claridad sobre el futuro laboral de sus asociados ni sobre el impacto que esto tendrá en la economía nacional, justo en el Año Internacional de las Cooperativas, en el que la ONU busca fortalecer estos esquemas solidarios, a los que reconoce su contribución al desarrollo, al empleo, a la reducción de la pobreza, a la formalización laboral e, incluso, a la consolidación de la paz. Pero debe obedecer; el TLC ya empezó.