¡A pagar impuestos!

Muy pronto empezarán los 2,9 millones de colombianos que declaran renta -apenas el 6 % de la población total o el 11 % de la población económicamente activa- a sufrir los efectos del regalito de Navidad que recibieron del Congreso y el Gobierno al concluir el 2018: la agresiva reforma tributaria apodada ‘la Ley de Financiamiento’. Reforma fiscalista que, con la excusa de aliviar la carga tributaria que sobrellevan las empresas, incrementó a niveles confiscatorios los gravámenes que sufren las pocas personas naturales que pagan impuestos en Colombia.

Esa reforma tiene todos los juguetes necesarios para desestimular a los inversionistas, desde el expropiatorio impuesto al patrimonio hasta la renta presuntiva, amén de generosos aumentos en las tasas de contribución. Cálculos serios muestran que, con esta reforma, quien aspire a vivir de su capital puede acabar pagando impuestos en exceso del 75 % de sus ingresos reales. Con el cuento de que buscaba incentivar el desarrollo empresarial, esta reforma impuso normas que persiguen con saña el patrimonio y los ingresos de, precisamente, los dueños de las empresas y los ejecutivos que las manejan.

Como es usual, su peso recaerá sólo sobre el pequeño número de contribuyentes que siempre ha venido pagando los impuestos, mientras que muchos que debieran pagar no lo harán. Y no se trata de que se amplíe la base de contribuyentes con un gran número de personas de ingresos bajos y medios, como se ha propuesto, pues es evidente que esto no aumentará sensiblemente el recaudo tributario, aunque sí sea conveniente para la consolidación de información. No, lo que se debiera hacer es cobrarles a quienes no contribuyen a pesar de gozar de altos niveles de ingresos.

Hay cuantiosa evasión en actividades lícitas que no se declaran y que generan enormes movimientos de efectivo que no son detectados por el sistema. Allí están, por ejemplo, las transacciones comerciales en ciertos sectores campesinos, o las del comercio informal callejero, así como las de muchos profesionales independientes. Pero también está la enorme evasión de las actividades ilícitas que mueven billonarias sumas de dinero.

El video en el que el excandidato presidencial Gustavo Petro recibe y mete en una bolsa un elevado número de gruesos fajos de billetes ilustra bien el tema. No es claro en éste si esa fortuna provino del narcotráfico, como algunos afirman, o de algún otro crimen de similar calado, o si simplemente fue la compensación por algún oscuro servicio, pasado o futuro. Como tampoco se sabe si su destino fue comprar zapatos de marca o comprar votos. Pero lo que sí es seguro es que ni el excandidato Petro, ni sus generosos donantes ni sus afortunados destinatarios finales, pagaron impuestos sobre estas gigantescas sumas.

Esto no debe seguir así. La competitividad del país está por el suelo debido a la enorme carga tributaria que hoy se les impone a las pocas empresas y personas naturales que pagan impuestos, y no será posible construir sólo sobre sus hombros un país desarrollado y en paz. Para asegurar un desarrollo sostenible y con equidad, la lucha contra la evasión y las medidas punitivas que aplica el Estado deben enfocarse a recuperar los cuantiosos recursos que hoy se pierden en la corrupción, la informalidad y la ilegalidad. Y a crear conciencia social sobre su negativo impacto en el desarrollo y en el tejido social.
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