Una carta para jugarse

El tema de la lucha contra el narcotráfico hay que abordarlo con total pragmatismo.

Desde el punto de vista teórico, estoy convencido de que la solución de fondo a la violencia que genera ese flagelo es la legalización de la producción y venta de esas sustancias.

Pero resulta que eso no va a ser posible en mucho tiempo por la sencilla razón de que esa medida nos soluciona el problema a nosotros los países productores pero no a las grandes potencias del mundo, las que tienen el sartén por el mango, cuyo problema es el consumo. Y evidentemente no podemos convertirnos en un país paria legalizando los estupefacientes de forma unilateral.

Entonces, no nos queda de otra que seguir luchando para reducir ese flagelo a sus mínimas proporciones, como diría el doctor Turbay.

No solo porque no podemos volvernos unos parias, sino principalmente porque detrás de ese negocio ilegal están los grupos armados que han sembrado de violencia en nuestros campos y nuestras ciudades. Mejor dicho, el narcotráfico es el combustible de la violencia en Colombia.

Y, volviendo al tema del pragmatismo, una de las formas más eficientes para destruir los cultivos ilícitos es a través de la aspersión con glifosato.

Prueba de ello es que el crecimiento exponencial de esos cultivos en el país se dio a partir de que suspendió la aspersión, en el año 2015.

Por supuesto que esa no puede ser la única herramienta para erradicar esos cultivos.

Hay que persistir en la erradicación voluntaria de los pequeños cultivos, cuando los propietarios de los mismos tienen la voluntad de hacerlo. El problema es que muchas veces pagan con su vida esa valiente decisión porque a los grupos armados no les interesa que ese ‘mal ejemplo’ cunda.

Y también se deben tomar todas las previsiones para evitar perjuicios en la salud en los campesinos y daños en el medio ambiente por la aspersión. Y ambas cosas las prevé la legislación que expidió el gobierno.

De un lado, la nueva normatividad consagra que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Instituto Nacional de Salud (INS), “realizarán seguimiento continuo, en el marco de sus competencias, sobre los efectos de los programas de aspersión en el ambiente y en la salud, y deberán entregar informes de evaluación al CNE para que este adopte las decisiones pertinentes mantener, modificar o suspender el programa”.

Por otra parte, el decreto dispone que quedarán excluidos de la posibilidad de la aspersión el Sistema de Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

En síntesis, la aspersión se circunscribiría a aquellos cultivos ‘industriales’ ubicados en medio de la selva, donde por seguridad no puede entrar la Fuerza Pública.

Para vigilar que eso se cumpla en Colombia hay infinidad de ONG, organizaciones populares, las ‘ías’ los tribunales, etc.

Pero lo único cierto es que Colombia, el país que tiene la mayor extensión de cultivos ilícitos del planeta no puede darse el lujo de renunciar de plano al sistema más eficiente y económico para erradicar esos cultivos que son la semilla de nuestra violencia.
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