Escuchar este artículo

Minas de populismo

Enero 18, 2018 - 11:55 p. m. Por: Diego Martínez Lloreda

Cajamarca es una población del Tolima de apenas 20.000 habitantes, que si no fuera porque es atravesada por una de las más importantes vías del país, la que surca el terrorífico alto de La Línea, nadie sabría dónde queda.

Pues esta población, cuya mayor fuente de ingresos es, precisamente, lo que facturan restaurantes, hoteles, bombas de gasolina y desvaraderos que viven del flujo vehicular de esa carretera, fue bendecida por Dios.

No exagero. En la zona rural de esa localidad fue descubierta una de las mayores minas de oro del mundo. Ese regalo de la naturaleza prometía convertir a Cajamarca en uno de los municipios más ricos del país. No solo por las regalías que le entrarían, sino por la infraestructura que habría que hacer y el empleo que se iba a generar.

Pero los cajamarcunos, aunque ud. no lo crea, rechazaron ese milagro. Al irresponsable alcalde de la ciudad, un individuo llamado Pedro Pablo Marín, le dio por convocar una consulta popular para que sus conciudadanos decidieran si esa mina se explotaba o no.

El Mandatario, un populista de siete suelas, no solo convocó la consulta sino que encabezó la campaña por el No, con el argumento de que la explotación de esa mina implicaría un daño “irreversible” para el medio ambiente. En especial para las fuentes de agua de las que se nutría el municipio.

Y los cajamarcunos le comieron cuento. Al final, más del 90% de quienes participaron en la consulta votaron por el No. Y el milagro se esfumó. Lo peor es que a los pocos días oí a ese irresponsable quejándose de que en su pueblo el desempleo llegaba al 60%.

Pero el resultado de esa consulta no implica que el oro no se vaya a extraer. No se hará de forma legal, es decir, de una manera racional y técnica y con los respectivas controles ambientales, sino de forma ilegal. Como sucedió en el corregimiento de Zaragoza y en muchos puntos del Cauca, a Cajamarca llegarán miles de guaqueros y decenas de ‘empresarios’ con sus retroexcavadoras y sacarán ese oro a la brava, sin el menor control y causando, ahí sí, un daño irreparable a la naturaleza.

Lo peor es que otros 54 municipios del país están en el camino de repetir esa estupidez. En esas localidades, alcaldes tan irresponsables como el señor Marín convocaron consultas populares para que “el pueblo” decida si se hacen explotaciones mineras en su territorio. Y en la mayoría de los casos ganará el no porque la gente no tiene ni idea de minería y porque la masa es fácilmente manipulable.

Es hora de ponerle el freno a este despropósito. Y el Gobierno cuenta con un argumento irrefutable para prohibir ese tipo de consultas: desde 1936 el subsuelo colombiano es del Estado. Entonces, ni los mandatarios municipales ni sus gobernados tienen nada que decidir respecto a algo que no les pertenece.

El Gobierno debe entregarle la responsabilidad de decidir si acomete o no una explotación minera a gente que conozca del tema y disponga de toda la información técnica. Los habitantes de ninguna población colombiana, y me atrevo a decir que del mundo, tienen ni la preparación ni la información para decidir ese tipo de temas. Ponerlos a eso, además del mayor populismo, es una enorme irresponsabilidad.

Insisto. Urge que las más altas instancias del Estado acaben con ese embeleco de las consultas mineras. Un país tan pobre como este no se puede dar el lujo de desaprovechar las fuentes de riqueza que la naturaleza le dio.

Sigue en Twitter @dimartillo

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS