La basura de Petro

Colombia ocupa el puesto 97 entre los países que sobresalen por la transparencia con la que actúan sus empleados públicos.Si la Selección Colombia ocupara ese puesto en el escalafón de la Fifa, sería una tragedia nacional. Lo que da la idea de los niveles de corrupción que aquí existen. Lo que urge, entonces, es reforzar la lucha contra ese flagelo, en lugar de cortarles las alas a las entidades que luchan contra este mal. Y es que buena parte de nuestra dirigencia, ‘paniqueada’ por el populismo de Gustavo Petro, pretende ‘castigar’ a uno de los entes más exitosos en el combate contra la corrupción: la Procuraduría.El ‘pecado’ de la entidad fue cumplir con lo que le ordena la Constitución y destituir al inepto, arrogante e irresponsable Alcalde de Bogotá, quien cometió el error de ideologizar un problema eminentemente práctico: el de la recolección de basuras. Petro les quitó esa tarea a unas empresas que la venían cumpliendo, de forma bastante eficiente, para entregársela a una entidad que no tenía experiencia alguna en el tema: la Empresa de Acueducto.Su precipitada decisión desembocó en un caos que puso a la capital al borde de una emergencia sanitaria y le causó un enorme detrimento a las arcas capitalinas. Un hombre serio y ponderado como el exalcalde Jaime Castro calcula que sólo en el alquiler y adecuación de los camiones de segunda que se importaron a las carreras se despilfarraron $47.000 millones. Cómo no va a ser falta grave poner en riesgo la salud de la población, burlar la norma constitucional que establece la libre competencia para la prestación de los servicios públicos y dilapidar miles de millones de pesos. Por mucho menos, la Procuraduría ha aplicado sanciones tan o más drásticas. A Juan Carlos Abadía, por ejemplo, lo sacaron de la Gobernación del Valle y lo inhabilitaron 10 años para ejercer cargos públicos por una falta que, al lado de lo hecho por Petro, parece una pilatuna: organizar una reunión política para favorecer a un candidato. Y nadie se levantó a protestar la sanción. ¿Será porque Abadía no era exguerrillero?De hecho, en el país, un millar de gobernantes elegidos por el pueblo han sido destituidos. Pero los bogotanos, en su infinita endogamia, no se percataron. Como tampoco conocen los artículos 277 y 278 de la Constitución que facultan al Procurador a destituir funcionarios. Incluso, elegidos.Que exista ese contrapeso es necesario en un Estado serio, porque ser elegido por el pueblo no le da a nadie carta blanca para hacer lo que le da la gana. Por eso, me opongo a quitarle a la Procuraduría la potestad de sancionar a los funcionarios, que, como lo muestran los hechos, es una de las armas más eficaces para combatir la corrupción y el desgreño administrativo. A lo sumo, como propone Antonio Navarro, se puede establecer una segunda instancia para que un tercero independiente estudie las apelaciones a los fallos del Procurador. Pero no quiero entrar en esa discusión, pues no me parece que la destitución de un Alcalde que, con plena conciencia, atropelló la ley, sea la coyuntura propicia para abrir el debate sobre el poder de la Procuraduría.No se le puede dar ese premio a quien actuó mal y ese castigo a quien cumplió con su deber constitucional.